El caso trascendió luego que la Corte Suprema ordenara a una cámara judicial que iniciara un proceso contra el diputado cuando entre lo declarado por López Cardoza y los datos que constaban en informes rendidos por distintas entidades públicas y privadas se detectaron irregularidades que hicieron presumir un posible enriquecimiento ilícito.       

Al ordenar el inicio del juicio, la Corte también dispuso como medida cautelar el embargo preventivo de cinco bienes inmuebles y la congelación de las cuentas bancarias del diputado y su esposa.

La Fiscalía solicitó que se mantengan esos embargos.      

En la investigación se estableció que el diputado adquirió inmuebles sin recurrir a créditos y sin registrar retiros de fondos de sus cuentas bancarias y que los precios de compra de los inmuebles eran sustancialmente bajos y los valores declarados poco tiempo después eran significativamente superiores.      

La investigación tampoco pudo establecer de dónde provinieron los fondos gastados en la campaña política.

Además, los créditos adquiridos antes de ser electo diputado fueron pagados antes de su vencimiento y los gastos declarados no coincidieron con su estilo de vida ya que entre el 2009 y el 2015 entre el diputado y su esposa realizaron unos 50 viajes personales de turismo.