El 29 de marzo, las autoridades decretaron estado de emergencia en siete cárceles y trasladaron a un penal del occidente de ese país a más de 300 cabecillas de pandillas que desde esa fecha permanecen aislados, suspendiendo las visitas íntimas y familiares.

Uno de los objetivos era cortar toda comunicación de las pandillas con sus bases en las calles, pero esto no se ha logrado totalmente.       

“La asegunda fase de cumplimiento de las medidas extraordinarias va a representar un incremento de la operatividad, vamos a intervenir no solo en el centro penal, sino en sus entornos”, explicó en entrevista con la televisión local el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.       

“Vamos a variar en la forma de operar, ya que de acuerdo con nuestro trabajo de investigación hay otras formas en que los privados de libertad est��n pretendiendo restablecer la comunicación desde y hacia los centros penitenciarios”, manifestó.     

Las medidas extraordinarias aprobadas por la Asamblea Legislativa incluyen la regulación de la movilización de reos a diligencias judiciales, la suspensión de los plazos procesales y mayores facultades al gobierno para evitar el flujo de tráfico de llamadas telefónicas desde los centros penales y se contemplan medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.       

Pero Landaverde denunció que algunos abogados que defienden a los pandilleros están trasladando los mensajes desde las cárceles a los cabecillas de las pandillas en la calles.       

“Lamentablemente los defensores particulares de muchos privados de libertad están haciendo esa función, o personas privadas de libertad que son puestas en libertad, son los que están trasladando los mensajes” , afirmó.       

Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas que tiene presencia en barrios y comunidades popular están integradas por más de 70 mil jóvenes y adultos y son los responsables de la mayoría de los crímenes cometidos en ese país.

Están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar.