“La liberación de María Teresa es otro paso hacia la justicia en un país donde las mujeres son tratadas como meras ciudadanas de segunda clase,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“No se le debería haber forzado a pasar ni un segundo tras las rejas. Su liberación debe ser un catalizador de cambios en El Salvador, donde docenas de mujeres son encarceladas bajo una ridícula ley anti-aborto que no hace más que poner las vidas de miles de mujeres y niñas en peligro.”

María Teresa fue detenida en un hospital después de que su suegra la encontrara en el cuarto de baño casi inconsciente y sangrando profusamente. El personal del hospital la denunció a la Policía y la acusó de haberse sometido a un aborto.

Durante el juicio, uno de los jefes de María Teresa testificó contra ella, y dijo que le había comunicado que estaba embarazada en enero del 2011. Si eso fuera cierto, María Teresa habría estado embarazada de 11 meses cuando se produjo el aborto. Ese indignante testimonio fue una de las pruebas utilizadas para condenarla.

La liberación del viernes llegó después que un juez dictaminara que no había suficiente evidencia que probara los cargos en su contra.

Después de una modificación introducida en 1998 al Código Penal, el aborto en El Salvador está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la embarazada corre peligro.

El cambio en la ley ha dado lugar a procesamientos erróneos y a una aplicación indebida del derecho penal en el que se presupone inmediatamente que las mujeres son culpables. La prohibición afecta especialmente a las mujeres con pocos recursos económicos.

Rivera forma parte de un grupo de 15 mujeres condenadas por delitos ligados al aborto en El Salvador.