Explicó que se trata de una “medida cautelar”  y que “es parte del mismo desarrollo de la investigación”  contra Flores, quien gobernó en el período 1999-2004.

Martínez aclaró que Flores “está en completa libertad, no existe ninguna restricción (contra él) como ciudadano”, y puede movilizarse dentro y fuera del país como “cualquier persona”.

Flores “está gozando de libertad y de todas las garantías constitucionales”, dijo el fiscal general, que denegó ofrecer más detalles sobre el proceso que se sigue al expresidente porque la Ley contra el Lavado de Activos “conlleva una reserva total de este tipo de investigaciones” .

El fiscal no precisó si Flores es investigado por lavado de activos, aunque el proceso se basa en la ley sobre ese delito.

El exgobernante compareció ayer por segunda vez ante una comisión de la Asamblea Legislativa que también investiga el destino de 10 millones de dólares donados por Taiwán entre el 2003 y 2004 en cheques a nombre de Flores, según reiteradas denuncias del actual presidente salvadoreño, Mauricio Funes.

El 7 de enero pasado, en su primera declaración ante la comisión, Flores reconoció que durante su Gobierno recibió donaciones de Taiwán en cheques a nombre suyo, pero aseguró que no los depositó en cuentas personales sino que eran para resolver problemas del país y que los entregó a personas relacionadas con esos asuntos.

Flores compareció ayer por segunda vez ante la comisión parlamentaria, cuyas gestiones y resoluciones no tienen validez judicial.

El expresidente es uno de los asesores de la campaña de Norman Quijano, candidato del principal partido opositor, Alianza Republicana Nacionalista  (Arena), para las elecciones presidenciales del domingo próximo.

Quijano declaró a los periodistas, tras conocerse el anuncio del fiscal, que el exmandatario “tendrá que seguir atendiendo las peticiones o los citatorios”  de la Fiscalía o la Asamblea, y que “es un asunto personal del presidente Flores”.

Subrayó que se pronunciará sobre el fondo del asunto “cuando haya una sentencia judicial, no un juicio político”, como Flores y Arena consideran las actuaciones de la comisión legislativa.