Según informaron fuentes jurídicas, la petición afectaría, aparte de a Puigdemont, a los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

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En ese sentido, el Ministerio Público señala que “constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso” por parte de estos cinco investigados para los que pide la detención.

El ministerio fiscal añade que Puigdemont “ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual”.

“Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados”, pese a lo cual, destaca el fiscal, estas cinco personas “no han comparecido” como sí han hecho los otros nueve querellados por rebelión, sedición y malversación por el proceso independentista catalán.

De acordarlo la juez, una vez emitida la orden de detención, los huidos podrían ser arrestados en cualquier momento y ser puestos a disposición de un magistrado, que deberá decidir si les envía o no a la cárcel mientras se tramita la OEDE o adopta otro tipo de medidas cautelares.