El consejo permanente de la OEA, que reúne a los 34 miembros activos de la organización, aprobó por mayoría una resolución “sobre acontecimientos recientes en Nicaragua” que pide al gobierno de Daniel Ortega “tomar medidas inmediatas para investigar los abusos” y allanar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el mismo sentido.

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La resolución de la OEA exhortó en particular al gobierno nicaragüense a “cumplir con su compromiso de facilitar y brindarle la asistencia necesaria” al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), instalado tras la visita de la CIDH, y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por recomendación de la CIDH para “coadyuvar” en aclarar los hechos de violencia.

Estas entidades denunciaron recientemente la falta de cooperación de las autoridades.

Además, la OEA pidió al gobierno colaborar con la misión de la secretaría general de la OEA para el fortalecimiento institucional en Nicaragua, ya acordada con el gobierno de Ortega y que debe entregar una propuesta de reforma electoral para enero de 2019.

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La resolución aprobada también reiteró los llamados a reestablecer un “diálogo comprometido y de buena fe entre las partes”, exhortando al gobierno de Ortega a apoyar un calendario electoral acordado en el contexto de esas conversaciones.

El diálogo en Nicaragua, iniciado el 16 de mayo con mediación de la Iglesia católica, se encuentra paralizado desde mediados de junio por la violenta represión de las protestas y a la negativa del gobierno a abordar la democratización del país, que incluye la propuesta de elecciones anticipadas que Ortega rechaza.

“Maniobra injerencista”

La nueva resolución de la OEA sobre Nicaragua fue aprobada el miércoles en la sede de la organización por 19 votos a favor, cuatro en contra, nueve abstenciones y dos ausencias.

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A favor se pronunciaron los doce integrantes del grupo de trabajo para Nicaragua creado por la OEA a principios de agosto (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú), así como otros siete países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

En contra, además de Nicaragua, votaron Bolivia, Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Se abstuvieron Barbados, Belize, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, San Cristóbal y Nieves, Suriname y Trinidad y Tobago.

Guatemala se abstuvo por primera vez a votar respecto a Nicaragua el 3 de agosto último, cuando el organismo aprobó la creación de un grupo de trabajo para apoyar el diálogo nacional y la búsqueda de soluciones pacíficas.

El representante nicaragüense en la OEA, Luis Alvarado, rechazó enérgicamente la iniciativa, considerándola “una maniobra injerencista del denominado grupo de trabajo del gobierno de los Estados Unidos en contubernio con algunos países que conforman este consejo permanente”.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, celebró en tanto la decisión.

“Gran labor de la OEA al probar otra resolución condenando las continuas violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Ortega. La comunidad internacional está mirando”, declaró en Twitter el diplomático.

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