Janot acusó a Cunha, el principal enemigo político de la presidenta Dilma Rousseff, de corrupción pasiva y lavado de dinero. También denunció a la exdiputada Solange Almeida, a quien señala de haber participado en las presiones ejercidas sobre intermediarios de empresas para recibir el dinero en forma ilegal.

La denuncia contra Collor, actualmente senador y presidente de Brasil desde 1990 hasta 1992 -cuando renunció en medio de un proceso de impeachment en su contra por corrupción- está bajo secreto de sumario y no fueron informados los cargos.

La causa que investiga el llamado “Petrolao” indaga la formación de una red delictiva vinculada a delitos de cartel, fraude, corrupción pasiva y activa y lavado de dinero.

Los políticos o funcionarios protegidos por fueros deben ser investigados por la Fiscalía de la República y juzgados por la Corte Suprema. Ahora, el máximo tribunal de Brasil deberá responder si acepta los procesos en los próximos días para definir si van a juicio.

El escándalo de Petrobras ha marcado la convulsionada agenda de Brasil este año. Cada nueva revelación produce una sacudida política por sus vinculaciones con la élite empresarial y política del país.

Según las investigaciones, la red de corrupción generó un sofisticado esquema de sobornos por el cual durante al menos 10 años las principales constructoras del país pasaron dinero a directivos de Petrobras -designados por políticos- para poder manipular las licitaciones.

Los fondos obtenidos luego eran desviados a cuentas personales y a varios de los principales partidos políticos del país.