Los siete acusados son Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, y la pena que deberán pagar en prisión se conocerá el 10 de enero de 2019.

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A uno de los acusados, Emerson Duarte, en cuya casa en la caribeña ciudad de La Ceiba fue hallada la pistola con la que fue asesinada Cáceres, se le absolvió de toda responsabilidad penal.

Tres de los siete acusados, Mariano Díaz, Douglas Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), fueron condenados por el delito de asesinato.

La empresa DESA era la responsable de un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país al que Berta Cáceres se oponía.

Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Eilson Duarte y Óscar Torres, fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.

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El fallo fue leído en presencia de los ocho acusados, quienes llegaron antes de las 16 horas locales (22:00 GMT) a la sala del tribunal fuertemente custodiados.

A la audiencia también asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares (COPINH), del que la ambientalista asesinada era su coordinadora general. 

“No la volveré a besar”

La madre de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, dijo no estar satisfecha con el fallo emitido por el tribunal de sentencia de declarar culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados.

“No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia”, dijo Berta Flores, madre de la líder indígena, a periodistas tras conocer la sentencia.

Flores, de 85 años y quien también ha sido una defensora de los derechos de los indígenas y la preservación del medioambiente en Honduras, señaló que pese a que “estos bandidos van a la cárcel a podrirse en la cárcel, a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar”.

Según el relato de hechos, al menos dos personas ingresaron violentamente a la casa de Cáceres en la comunidad de La Esperanza (oeste) hacia las 23 horas locales de 2 de marzo de 2016 y mataron a balazos a la ambientalista e hirieron al mexicano Gustavo Castro, dejándolo vivo porque él se hizo el muerto.

Otro hombre los transportó en un vehículo y un cuarto los acompañó. Además, quedó evidenciada una oferta económica de cien mil lempiras (poco más de US$4 mil) para los sicarios.

El delito de asesinato se castiga con una pena de 30 años de cárcel a cadena perpetua.

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