“El Gobierno lamenta que el presidente de la ‘Generalitat’ haya decidido no contestar al requerimiento”, dijo la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. “No era muy difícil decir sí o no. Era la pregunta que se le hacía”.
El propio Rajoy respondió a Puigdemont en términos similares con una carta que apunta ya al jueves. “Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere”, señaló el mandatario conservador del Partido Popular (PP).
Puigdemont anunció la independencia unilateral de Cataluña el martes pasado en el “Parlament” regional, pero la suspendió de inmediato para pedir diálogo con el Gobierno español, creando así una confusa situación tanto en Madrid como en Barcelona.
Al día siguiente, Rajoy fijó los dos plazos para aclarar lo ocurrido y advirtió que, si Puigdemont no lo hacía, el Gobierno activaría el artículo 155 de la Constitución, que permite “adoptar las medidas necesarias” para que el Estado fuerce a una región a cumplir sus obligaciones.
La medida, que Rajoy intenta evitar hasta último momento por su impacto político, sería inédita en 40 años de democracia española. En el caso de Cataluña, implicaría, por ejemplo, la intervención de autoridades puntuales con el objetivo de convocar elecciones anticipadas en la región.
Llegado el primer plazo, Puigdemont respondió hoy con una carta que pide diálogo. “No dejemos que se deteriore más la situación”, propone en tono conciliador. “Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo a la cara, estoy seguro de que podemos encontrar el camino a la solución”.
La oferta fue desestimada por Sáenz de Santamaría, que instó a Puigdemont a debatir el tema en el Congreso de los Diputados. “Nadie le niega el diálogo, pero tiene que hacerse dentro de la ley, con máxima claridad y en el Congreso, donde está representada la mayoría de la ciudadanía”, sostuvo. “El diálogo no se exige, se hace”.
Otros miembros del Gobierno y del PP tacharon de “burla” y “confusión deliberada” la respuesta del dirigente catalán. El líder del partido en Cataluña, Xavier García Albiol, la consideró una prueba de que Puigdemont “es un inconsciente y pretende reventarlo todo”.
La ambigüedad de la respuesta de Puigdemont irritó no solo al Gobierno, sino también a la CUP, el partido radical que lo apoya en el “Parlament” y que le exige que proclame de inmediato la república catalana.
La jornada estuvo marcada también por el envío a prisión provisional y sin fianza de los líderes de las entidades secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por un presunto delito de sedición en relación con manifestaciones celebradas el 20 y 21 de septiembre en Barcelona.
La jueza de la Audiencia Nacional que investiga los hechos llegó a esta decisión, que levantó fuertes críticas en el independentismo, tras tomar declaración por segunda vez a los responsables de las organizaciones que están detrás de las grandes marchas separatistas de los últimos años en Cataluña.
La Fiscalía había pedido para ambos prisión incondicional, la misma medida que solicitó por los mismos hechos para el jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluís Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. Sin embargo, la magistrada dejó a estos últimos en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte.
Los cuatro están imputados por los incidentes del 20 y 21 de septiembre, cuando agentes de la Guardia Civil quedaron atrapados dentro de una sede del Gobierno catalán en Barcelona por manifestantes independentistas en el exterior que también destrozaron vehículos del cuerpo armado.
Uno de los primeros en reaccionar hoy al encarcelamiento de Sànchez y Cuixart fue el propio Puigdemont, quien tildó la medida de “mala noticia”. “Pretenden encarcelar ideas, pero nos fortalecen la necesidad de libertad”, escribió el líder catalán en Twitter.
Otros políticos como el “número dos” del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, o la alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, criticaron la medida, que fue considerada “desproporcionada” incluso por el líder de los socialistas en Cataluña, Miquel Iceta.
Puigdemont desató la peor crisis institucional de las últimas décadas en España al organizar el polémico referéndum soberanista del 1 de octubre pese a que había sido suspendido por el Constitucional español. Un 90 por ciento votó a favor de la independencia. Los partidarios del “no”, que según los sondeos son más de la mitad de los catalanes, boicotearon el referrendo.
