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Manifestantes excarcelados narran maltrato sufrido en prisiones de Nicaragua

Tres de los 50 manifestantes antigubernamentales que fueron excarcelados este viernes narraron el maltrato que sufrieron mientras estuvieron detenidos por protestar contra el Gobierno de Nicaragua que preside el sandinista Daniel Ortega.

El excarcelado 'preso político' del gobierno de Daniel Ortega Franklin Rodrigo Artola García (i) abraza a su mamá Lidia del Socorro Pérez luego de ser liberado este viernes, en su casa de habitación en el barrio Heialea, en Managua, Nicaragua. (Foto Prensa Libre: EFE)

El excarcelado 'preso político' del gobierno de Daniel Ortega Franklin Rodrigo Artola García (i) abraza a su mamá Lidia del Socorro Pérez luego de ser liberado este viernes, en su casa de habitación en el barrio Heialea, en Managua, Nicaragua. (Foto Prensa Libre: EFE)

Franklin Artola, de 28 años, quien estuvo detenido desde el pasado 23 de septiembre, dijo que los custodios lo golpearon a él y a un grupo de presos de consciencia por cantar el himno nacional de Nicaragua y gritar “patria libre o morir”.

También que no podían reclamar o pedir agua porque los encerraban esposados en cuartos de castigos donde eran golpeados.

Además, que sufrieron maltrato verbal y físico por parte de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, que les cortaban el agua, la energía eléctrica y los amenazaban incluso con que tenían autorización para matarlos.

“Pase casi siete meses encerrado, siete meses de represión metido” en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Modelo”, contó.

Heridas en el alma

Jefry Ortega Orozco, de 24 años, dijo a Acan-Efe que sufrió daños psicológicos y verbal.

Según su testimonio, durante los primeros meses que estuvo detenido las autoridades del penal los obligaban a cumplir un “régimen bastante fuerte” que incluía estar despierto desde horas de la madrugada para cotejar que estuvieran todos los prisioneros.

Uno de los guardas, contó, golpeaba con una cadena los abarrotes como señal de alarma para que los presos se levantaran.

“Me quedó un poco de transtorno esperar que tocaran esa cadena con las que nos levantaban”, señaló Ortega Orozco, que, según dijo, “nunca había estado preso”.

Jefferson Padilla, de 27 años, dijo que permanecer en prisión “fue una situación muy difícil, estresante y deprimente”.

Relató que lo llegaron a “secuestrar” a su casa de habitación que fue allanada sin orden judicial por oficiales de la Policía y que lo despojaron de dinero y objetos personales.

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Posteriormente fue trasladado a un distrito policial de Managua y después a la cárcel El Chipote, donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial.

“Es difícil estar en ese lugar. Allí juegan psicológicamente con tu mente, te infunden el miedo”, explicó.

El Chipote es una prisión que en los últimos años ha sido señalada por organismos humanitarios como centro de torturas, según las denuncias.

Cuando fue trasladado a La Modelo, “vivíamos reprimidos por los funcionarios” del penal, que “nos contaban como ganados y nos golpeaban”, denunció.

“Nos prohibían hasta pulseras azul y blanco”, que es el color de la bandera de Nicaragua y símbolo de las protestas contra el Gobierno, indicó.

Los tres excarcelados, que agradecieron a Dios por su libertad condicional y a sus familiares por resistir, aseguraron que seguirán en la lucha por una “Nicaragua libre”.

“Me siento muy feliz, porque estuve encerrado sin nada que ver, sólo por luchar por mi país, solo por luchar por la libertad de nuestro pueblo, porque verdaderamente estamos con un presidente que no es un presidente, es un asesino, es un genocida por completo”, señaló Franklin Artola.

“Eso no es de un presidente mandar a matar a niños, a jóvenes, a universitarios, eso no es de un presidente”, sostuvo el joven, para quien un presidente tiene que apoyar a los campesinos, a los pobres y no mandar a matar a nadie.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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