“Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al fiscal general de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, indicó el mandatario izquierdista en un comunicado.

El propio gobierno ha denunciado la existencia de un cartel que soborna a presos en las cárceles para ofrecerles falsas intermediaciones en procesos de paz, beneficios judiciales o promesas de evitar su extradición.

“Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos”, insistió en el comunicado.

“Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”, agregó Petro en el texto.

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Su hermano ya compareció ante la Fiscalía por estas denuncias a principios de febrero, en una declaración reservada de 40 minutos. Ese día, el abogado de Juan Fernando Petro aseguró que su cliente es “víctima” de una red de abogados que usa su nombre para adelantar supuestas gestiones ante el gobierno.

A principios de 2022, en plena campaña presidencial, Juan Fernando acudió a una cárcel de Bogotá para reunirse con varios reclusos. Según la prensa, en este encuentro ofreció beneficios para condenados por corrupción y narcotráfico en un eventual gobierno de su hermano.

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El entonces candidato, Gustavo Petro, desmintió esta versión y aseguró que su hermano no hacía parte de la campaña.

De su lado, Nicolás Petro es diputado por el movimiento político de su padre en el departamento de Atlántico (norte).

Con su política de “paz total” Petro busca el desmantelamiento pacífico de las bandas del narco a cambio de beneficios penales y económicos para quienes abandonen el negocio en el país que más cocaína produce en el mundo.

Según la revista Semana, el cartel de abogados estaría cobrando hasta un millón de dólares a los narcos a cambio de ser incluirlos en listas de “gestores de paz” que no podrán ser extraditados.

El gobierno ha anunciado un proyecto de ley que establecerá penas máximas de ocho años y la posibilidad de conservar hasta un 10% de sus fortunas para los narcotraficantes que se acojan a la justicia.

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