La Policía Nacional Civil  (PNC) informó que el enfrentamiento se registró cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en una reunión que realizaba un grupo de pandilleros en un cantón del municipio de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán, a 33 kilómetros al este de la capital.       

La Fiscalía General de la República reportó la muerte de cinco pandilleros en ese nuevo hecho de violencia en la nación centroamericana.       

Las autoridades no reportaron bajas en las fuerzas de seguridad, ni capturas.       

De acuerdo con informes de la policía, en lo que va del año se han registrado más de 300 balaceras entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes, con saldo de 290 pandilleros muertos.       

Agrega que al menos 30 miembros de la corporación policial, la mayoría de ellos en periodo de licencia; 13 militares y un guardia carcelario han sido asesinados por las pandillas.       

Las autoridades atribuyen a esos grupos el asesinato de 62 policías, 17 militares, seis guardias de centros penales y un fiscal el año pasado.       

Prisión preventiva para pandilleros

Tres pandilleros acusados de asesinar a un jefe policial y a un agente la semana recién pasada fueron enviados a prisión preventiva mientras afrontan una investigación judicial, informó el lunes la Fiscalía de ese país centroamericano.

La fuente detalló que la medida fue emitida por el Juzgado Primero de Paz de Atiquizaya, donde este 1 de septiembre el subcomisionado Alberto Marroquín Ayala, Jefe de Operaciones de la Policía en el occidental departamento de Ahuachapán, y el agente Nelson Paz fueron asesinados durante un tiroteo.

Los señalados fueron identificados por las autoridades como Marvín Arévalo, José Blanco y Alexis Blanco, quienes participaron “materialmente”  en el hecho.

Según la Policía, “los sujetos son miembros activos de la estructura criminal (pandilla) que opera”  en la localidad del occidente salvadoreño.

Las maras o pandillas —establecidas en populosos barrios— están integradas por más de 70 mil jóvenes y adolescentes, y las autoridades los responsabilizan de la mayoría de homicidios y otros delitos que se cometen en el país.       

Más de 13 mil están presos y sus cabecillas han sido enviados a una cárcel de máxima seguridad, donde están completamente incomunicados con el exterior.