Omar Alberto Navarro tenía grandes sueños en el mundo criminal. Aspiraba a liderar su propio cartel de drogas en California, pero su sueño se frustró luego de ser detenido el 26 de marzo.

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Así intentó el gobierno hondureño evitar la condena contra el hermano del presidente JOH.

“Básicamente, Nani, estoy comenzando mi propio pequeño cartel aquí”, dijo Navarro a uno de sus cómplices en una llamada que interceptó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Ice) y a la cual tuvo acceso Univisión.

El plan de Navarro era viajar a México para transportar narcóticos con destino a Bakersfield, donde residía, en el Valle Central de California.

Sus sueños se frustraron el 26 de marzo, cuando fue detenido en su residencia en Bakersfield, luego de que una investigación revelara sus intentos por contrabandear cientos de libras de metanfetamina y fentanilo, según lo comunicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Junto con Navarro también fueron detenidos David Delgado González, 37, de Bakersfield; Amayrani Jared Arreguin, de 24 años, de Bakersfield; Lizette Méndez, 31, de Delano; Mayra Guadalupe Galván, 31, de Delano; Miguel Angel Martinez, 26, de Bakersfield; Randal Jason Newell, 41, de Bakersfield; Daniel Armendariz Mercado, 31, de Bakersfield, y James Scott Gordon, 47, de Chico.

Los documentos oficiales refieren que “Navarro supervisó la amplia organización de tráfico de drogas de Bakersfield. Méndez, Galván, Newell y otros transportaron narcóticos para la organización.

Entre septiembre y diciembre de 2020, esos conductores fueron interceptados por las fuerzas del orden que incautaron un total de más de 380 libras de metanfetamina y más de ocho libras de fentanilo que estaban ocultos en sus vehículos.

El 27 de diciembre de 2020, la policía detuvo a Martínez en la Interestatal 5 cuando intentaba contrabandear 18 libras de metanfetamina de Bakersfield a Texas.

También en diciembre de 2020, Mercado y Gordon compraron grandes cantidades de metanfetamina a otros miembros de la organización de tráfico de drogas con la intención de distribuir los narcóticos a los clientes”, se lee en el comunicado del Departamento de Estado.

En caso de ser declarados culpables, cada acusado podría enfrentar una pena mínima de 10 años en prisión, hasta un máximo de cadena perpetua y una multa de 10 millones de dólares. No obstante, esto dependerá del criterio del tribunal.