La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que telefoneó este viernes 8 de diciembre al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, para “discutir las precauciones disponibles con el fin de evitar que un presidente inestable lance un ataque militar o acceda a códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear”.
Los militares estadounidenses confirmaron el diálogo, indicando sin dar mayores detalles que Milley, que en calidad de jefe del Estado Mayor es el principal asesor militar del presidente, “respondió a las preguntas sobre la cadena de mando nuclear”.
De acuerdo con un documento del centro de investigación del Congreso, el poder asignado en este caso a Donald Trump es conferido por su “papel constitucional de comandante en jefe” y “ni los militares ni el Congreso pueden anular su decisión”.
“El presidente puede pedir consejo a sus asesores militares, que a su vez están obligados a transmitir y ejecutar la orden de autorizar el uso de armamento nuclear”, precisa un documento actualizado el 3 de diciembre pasado.
Durante su audiencia de confirmación como jefe del Comando Estratégico del ejército estadounidense (Stratcom), el general John Hyten, en la actualidad número dos del Estado Mayor, dijo en septiembre de 2016 que su papel es solamente asesorar.
Cuestión de legalidad
La única salvaguarda existente contra el poder otorgado al presidente es del orden legal. Las leyes de la guerra permiten que un militar se niegue a ejecutar una orden ilegal, señala el documento del Congreso.
Sin embargo, mientras el presidente ejerza legalmente sus funciones, su orden es legal.
“Las preguntas sobre la legalidad de una orden -si cumple con los requisitos, de acuerdo con las leyes del conflicto armado, de necesidad, proporcionalidad y distinción (entre civiles y soldados, nota del editor)- tienen más posibilidades de llevar a consultas y evitar una decisión del presidente diferente a la negativa del Éjército a obedecer su orden”, reza el documento.
El presidente de Estados Unidos es acompañado en cualquier circunstancia por un ayudante militar que porta una maleta, apodada “el balón” y que contiene todos los elementos necesarios para lanzar un ataque nuclear.
Si decide hacerlo, consulta las opciones a su alcance y da la orden telefónica al comando militar para que lo lleve a cabo.
Su llamada es autentificada por un número que aparece en una pequeña tarjeta llamada “la galleta”, que le confirma a su interlocutor.
En total, el tiempo entre la decisión del presidente y el lanzamiento de un arma nuclear puede limitarse a unos minutos, señaló recientemente Derek Johnson, de la organización antinuclear Global Zero.
“Las personas en la cadena de mando pueden técnicamente negarse a obedecer una orden, pero una orden autentificada se considera legal”, dijo en un video. “Y la presión para obedecer es enorme”.
El sistema está “diseñado para ser rápido y decisivo. No está diseñado para que se debata la decisión”, señaló el exjefe de la CIA Michael Hayden en agosto de 2016 en la cadena NBC.
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