El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró este miércoles 23 de junio que los 19 opositores presos a cinco meses de las elecciones no son “candidatos” ni “políticos” sino “criminales” que atentaron “contra la seguridad del país”, al tratar de organizar un “golpe de Estado”.

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“Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento”, dijo Ortega en una ceremonia oficial televisada. Los acusó de ser “agentes del imperio yanqui”, que “conspiran contra Nicaragua, para derrocar al gobierno”.

Hasta el miércoles había unas 19 personas detenidas por “incitar a la injerencia extranjera” y “aplaudir sanciones” contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega.

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“Que no vengan con el cuento de que son candidatos, aquí no hay ningún candidato inscrito, no ha llegado el tiempo para que haya candidato”, aseguró Ortega.

“Están hablando en los medios de comunicación de la derecha que están detenidos precandidatos, si no eran [precandidatos] ni de su propio grupo, menos de una unidad [alianza] que nunca existió”, agregó.

Las detenciones han incrementado la condena internacional contra su gobierno. Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ante la OEA “una nueva fase de la represión” en Nicaragua, y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial del bloque regional, proteger a cuatro opositores en “extrema situación de riesgo”.

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En medio de pedidos de la comunidad internacional para que libere a los detenidos, el gobernante aseguró que “no hay un paso atrás, solo hacia adelante”.

Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en los comicios del 7 de noviembre.

Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.

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Para el gobierno de Ortega esas manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado auspiciado por Washington.

“No estamos juzgando a precandidatos, sino a criminales que han atentado contra el país, que están buscando cómo organizar otro 18 de abril [en alusión a las protestas de 2018], eso es lo que se está investigando y se castigará tal y como lo mandan las leyes”, sostuvo.