El desafío

El documento identifica al cambio climático como “una amenaza urgente y potencialmente irreversible”  para la humanidad y el planeta.

    Comprueba por eso “con preocupación”  que los compromisos sumados de todos los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  (GEI) distan aún mucho de las reducciones necesarias para contener la agravación del calentamiento global.

La meta

El objetivo del acuerdo es contener el aumento de la temperatura “bien por debajo de los 2 ºC”  respecto a la era preindustrial y realizar “esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5º” .

Cómo lograrlo

El mundo debe esforzarse en que las emisiones de GEI dejen de aumentar “lo antes posible”  y empiecen a reducirse “rápidamente” .

    En la segunda mitad del siglo, debería llegarse a un equilibrio entre las emisiones de GEI provocadas por las actividades humanas  (como la producción de energía y la agropecuaria) y las que pueden ser capturadas por medios naturales o tecnológicos, como por ejemplo los bosques o las instalaciones de almacenamiento de carbono.

    El proyecto de acuerdo eliminó las referencias, presentes en borradores anteriores, al término “neutralidad de carbono” , al que se oponían con vehemencia grandes productores de petróleo como Arabia Saudita.

¿Quién?

Los países desarrollados, emisores históricos, tomarán la delantera en los recortes de emisiones de GEI en términos absolutos. Los países en desarrollo, que aún necesitan generar energía con carbón y petróleo, son alentados a orientar sus esfuerzos hacia la realización de recortes.

    El documento insta a los países ricos a respaldar los recortes de emisiones de las naciones en desarrollo.

Seguimiento

En el 2018, dos años antes de la entrada en vigor del acuerdo, los países evaluarán los impactos de sus iniciativas contra el calentamiento global y analizarán nuevamente sus planes de reducción de emisiones de GEI.

    Cuando el acuerdo cobre efecto, las revisiones de realizarán cada cinco años, a partir del 2023.

Financiamiento

Los países desarrollados “proporcionarán”  apoyo financiero a la reconversión energética de los países en vías de desarrollo y a enfrentar fenómenos relacionados con el cambio climático, como la intensificación de las sequías y los huracanes.

    Fuera de las partes jurídicamente vinculantes, el documento establece la suma de 100.000 millones de dólares anuales como “base”  de los montos aportados por los países ricos. La suma se actualizará en 2025.

Pérdidas y daños

Se reconoce a las islas vulnerables al alza del nivel de los océanos y a los países pobres más expuestos al cambio climático el derecho a obtener respaldos para “prevenir, minimizar y reparar”  las pérdidas.