Un juez federal procesó este martes a la expresidenta argentina Cristina Fernández y a sus dos hijos por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita en la tercera imputación que recibe la exdirigente peronista por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.
El juez federal Claudio Bonadío también ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández (2007-2015) hasta cubrir la suma de unos US$8.3 millones y prohibió salir del país a la exmandataria y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el procesamiento que fue publicado por el Centro de Información Judicial en su página de Internet.
El magistrado indicó que no hay riesgo de fuga de los sospechosos y por ello no dispuso su prisión preventiva.
Bonadío consideró en su fallo que la exdirigente peronista, de 64 años, es “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe”, que supuestamente recibía sobornos de empresarios beneficiados con distintos negocios con el Estado.
Más irregularidades
Este es el tercer procesamiento que suma la exmandataria desde que dejó el poder a fines de 2015. En otra causa a cargo de Bonadío está acusada de haber ordenado maniobras irregulares en el mercado cambiario que causaron un perjuicio económico al Estado y en una tercera otro juez federal la procesó por administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
Fernández, que puede apelar la medida, ha rechazado las acusaciones y sostiene que ella y sus hijos son víctimas de una persecución judicial y mediática.
Los hijos que Fernández tuvo con su antecesor y fallecido marido Néstor Kirchner (2003-2007) también fueron señalados como jefes de la asociación ilícita, mientras que cuatro empresarios supuestamente beneficiados con obras públicas y explotación de áreas petroleras, entre otros negocios, fueron considerados organizadores de la misma.
El juez embargó también por US$8.3 millones de dólares a Máximo Kirchner, diputado nacional del opositor Frente para la Victoria, y por US$6.4 millones a su hermana.
Los procesados son sospechosos de haber integrado una organización que presuntamente recibió entre 2003 y 2015 sobornos a cambio de otorgar irregularmente obras públicas, licencias de juego y áreas petroleras. Esos retornos fueron luego introducidos en el circuito financiero con la apariencia de dinero de origen lícito.
