Según el informe final remitido por la Oficina a un juzgado de Madrid, el que también fuera ministro de Economía y vicepresidente durante el Gobierno de José María Aznar  (1996-2004) obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre el 2004 a el 2015.

Durante ese periodo pudo haber defraudado esos siete millones de dólares, aunque si se excluyen los ejercicios anteriores al 2009, fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos cinco millones y medio aproximadamente.

Rodrigo Rato habría delinquido -según el informe- mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles” .

El documento de la Oficina Antifraude hace referencia a tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway, y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas del propio Rato.

La investigación sobre el origen de la fortuna del exdirector del FMI empezó en abril del 2015, cuando las presuntas irregularidades llevaron a la policía a registrar su domicilio y su despacho profesional.

Rato estuvo al frente del FMI entre el 2004 y el 2007.

Ectuó conforme a la ley tributaria española

El exdirector gerente del FMI dijo que ha actuado conforme a las leyes tributarias y que contestará “puntualmente”  al Ministerio español de Hacienda, que le acusa de haber defraudado unos siete millones de dólares entre el 2004 y el 2015.

Rato hizo estas declaraciones después de que la Oficina Antifraude del mencionado Ministerio remitiera su informe acusatorio al juez de Madrid que investiga el origen de su fortuna.

El informe señala que el que también fuera ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno español obtuvo rentas no declaradas superiores a 14 millones de dólares entre el 2004 y el 2015 a través de un entramado societario que le habría servido para defraudar unos siete millones de dólares.

Rato negó esas acusaciones y afirmó que podrá demostrar que “en todo momento”  ha actuado conforme a las leyes tributarias.

También subrayó el hecho de que hayan pasado 19 meses desde el registro de su domicilio y su detención para que la Oficina Antifraude remitiera al juzgado su informe definitivo.

Mientras esperaba, el exdirector del FMI presentó en marzo del 2016 un documento encargado por él a unos peritos sobre su situación tributaria, según dijo, “ante la falta de concreción de la Oficina Antifraude en sus acusaciones” .

En su propio informe, comentó, exponía que en el periodo investigado había pagado más de 7 millones de dólares en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  (IRPF) .

Según la Hacienda española, Rato pudo delinquir con “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial no deducibles” .

La investigación sobre el origen de la fortuna del exdirector del FMI empezó en abril del 2015, cuando presuntas irregularidades llevaron a la policía a registrar su domicilio y su despacho profesional.