La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera exministro español de Economía de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, según fuentes jurídicas, que indican que el juez volverá a convocarle en cuanto la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) , dependiente de la Agencia Tributaria, le entregue sus conclusiones.

Rodrigo Rato alegó que no podía declarar porque ignora los hechos concretos que se le atribuyen y el contenido de ese nuevo informe, que debe versar sobre todo lo que se incautó en su casa y en su oficina.

Además, fuentes próximas al exbanquero dijeron a EFE que ha sido decisivo en su decisión la testifical del pasado lunes de la inspectora jefe de la Oficina Antifraude, Margarita García-Valdecasas, quien no ratificó el primero de los informes de la Onif que propició su detención porque no era su autora.

En ese documento, la Agencia Tributaria relataba sus sospechas de que Rato había incurrido en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas del Impuesto de la Renta y del Impuesto de Sociedades superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal.

Además, los inspectores, que le atribuían un patrimonio de 26.6 millones de euros, señalaban que él y sus sociedades tenían “un elevado tráfico financiero” con paraísos fiscales, poniendo el foco en las mercantiles gibraltareñas Lilac y Vivaway.

Hacienda concluía que el clan de los Rato participaba “en los más variados sectores declarados de actividad empresarial” a través de un entramado de “muy baja tributación” .

A ello se unía la “profusa” utilización de sociedades extranjeras y “el tráfico de divisas” por más de doce millones de euros con países o territorios que pueden considerarse de riesgo fiscal medio o alto”, como Gibraltar, Holanda, Estados Unidos, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Dominica o Suazilandia” .

Con ellas, “posiblemente” intentó dar “opacidad formal a su accionariado” , ocultando formalmente la titularidad, y que se destapó una vez el ex director gerente del FMI se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno en el 2012 y realizó la declaración de bienes y derechos en el extranjero un año después.

La ONIF también mencionaba la donación a sus hijos en julio del 2013 de sus participaciones en varias sociedades por valor de 2.6 millones, que después recompró mediante ampliaciones de capital utilizando