Miles de personas recorrieron el miércoles las calles de la capital para recordar el asesinato de Cáceres, que se desempeñaba como coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Lencas, la principal etnia precolombina de Honduras, así como integrantes de los garífunas, afrodescendientes, Tolupanes y otros pueblos indígenas, demandaron la captura de los responsables intelectuales del asesinato de Cáceres.

La coordinadora del Copinh encabezaba una lucha contra poderosos terratenientes locales que despojan a los indígenas de sus tierras ancestrales y contra una empresa energética que busca explotar las aguas del río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca, para instalar un proyecto hidroeléctrico.

Asimismo, organizaciones populares desarrollaron una serie de actos para recordar a Cáceres y exigir al Gobierno y al Ministerio Público a que dé con los responsables intelectuales.

El Ministerio Público, por medio de sus investigadores criminales, ha capturado a siete personas señalados de ser los planificadores y ejecutores del asesinato, así como herir al dirigente ambientalista mexicano Gustavo Castro, que se encontraba con Cáceres el 3 de marzo del 2016 cuando se perpetró el crimen en la occidental ciudad de La Esperanza, en la provincia (departamento) de Intibucá.

Tras el asesinato de Cáceres han muerto violentamente varios activistas del Copinh, así como un dirigente de la etnia Tolupan.

Por su lado el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo hoy miércoles que continúan apoyando al Ministerio Público para que el crimen de Cáceres “no quede en la impunidad”.

“El Estado de Honduras tiene que hacer lo que esté en la ley y en sus manos para hacer Justicia, porque no puede quedar impune”, afirmó.

Cáceres fue asesinada el 3 de marzo del 2016 en su residencia en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en el oeste de ese país.

La dirigente se encontraba en su habitación cuando un grupo de sicarios derribaron la puerta de su vivienda a primera hora de la madrugada y le dispararon repetidamente.

Cáceres, que ya había recibido amenazas de muerte de poderosos terratenientes locales y de compañías mineras o de energía, contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIHD).