Las autoridades federales de Estados Unidos prevén dos nuevas ejecuciones antes la salida de Donald Trump de la Casa Blanca la próxima semana pues la política podría cambiar una vez llegue el presidente electo Joe Biden, que se ha expresado contra la pena máxima.

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Pero, ¿quiénes son los que están más cerca del módulo de inyección letal?

Corey Johnson formaba parte de una banda que cometió, en 1992, una decena de asesinatos, especialmente de rivales, en la región de Richmond, en Virginia. Fue condenado por un tribunal federal debido a su participación en siete de ellos.

Ahora con 52 años, este afroestadounidense debe recibir una inyección letal en la cárcel federal de Terre-Haute en Indiana, salvo si la Justicia le concede una suspensión en el último momento.

El otro es Dustin Higgs, un hombre negro de 48 años, declarado culpable por el secuestro y asesinato de tres jóvenes en terrenos federales, cerca de Washington, en 1996.

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Estira y encoge judicial

Los dos hombres contrajeron covid-19 en diciembre y un juez decidió aplazar sus ejecuciones durante varias semanas.

Con sus pulmones todavía en recuperación, la inyección de pentobarbital podría causarles un sufrimiento impedido por la Constitución, que prohíbe las penas “crueles”, estimó el tribunal.

Pero una corte de apelación, controlada por el ministerio de Justicia, anuló esta decisión. La cuestión llegará ahora hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, así como otros recursos de último minuto.

Los abogados de Corey Johnson alegan que el condenado tiene serias limitaciones intelectuales lo que, según ellos, impide su ejecución.

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Pero la Corte Suprema ha sido reformada en profundidad por Donald Trump y cuenta ahora con seis jueces conservadores sobre nueve que, desde hace meses, han dado sistemáticamente luz verde al gobierno republicano en los casos de pena capital.

El presidente, ferviente defensor de la pena de muerte, así como sus electores más conservadores, ha ignorado todas las demandas de clemencia que le han dirigido los condenados.

Al contrario de los estados que suspendieron las ejecuciones desde el comienzo de la pandemia para minimizar los riesgos de propagación del virus, el gobierno de Trump reanudó en julio pasado las ejecuciones federales, tras 17 años de pausa, y las encadena desde entonces a un ritmo nunca visto.

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Once estadounidenses recibieron desde el verano boreal inyecciones letales en Terre-Haute, entre ellos una mujer, la primera en casi 70 años, ejecutada el martes pese a las dudas sobre su salud mental.

El presidente electo, Joe Biden, quien prestará juramento el miércoles, se opone a la pena de muerte y prometió trabajar junto al Congreso para tratar de abolirla a nivel federal.

Parlamentarios demócratas introdujeron el lunes una propuesta de ley en este sentido. Con su partido otra vez en control del Senado, esta podría ser aprobada.