La SIP, cuya sede se encuentra en Miami, cree que “no se necesitan leyes especiales para reglamentar delitos que pudieran cometerse en el internet, cuando ya están contemplados en la normativa general”.

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Por esta razón Arjona no viaja a Honduras.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, recordó que uno de los principios que la organización sostiene, cada vez que hay intentos por regular el internet, es que muchos de los delitos, tales como la pornografía, la pedofilia, la incitación a la violencia, la conspiración para el terrorismo, el discurso de odio y la discriminación ya están contemplados en la legislación vigente.

Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y las Redes Sociales, que se discute actualmente en el Congreso hondureño, ha generado polémica entre distintos sectores del país.

La iniciativa, que pretende regular la actividad y el contenido en internet, establece obligaciones a los administradores de sitios web.

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El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, afirmó por su parte que lo que preocupa del proyecto de ley hondureño es que la responsabilidad del delito no se aplique al usuario que delinque, sino a los intermediarios, así sea el motor de búsqueda, la red social o la plataforma digital.

Y, además, que las sanciones sean aplicadas por un organismo estatal sin la intervención de un juez.

El órgano encargado de “formular, diseñar, implementar y vigilar” el cumplimiento de la ley en Honduras será el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, integrado por 19 organismos del estado.