Es el sueño de unas 120 personas que residen en Jehová Giré, el nombre que dieron a una edificación de la Magistratura a medio construir en la barriada de Petare.

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Símbolo de las invasiones toleradas desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), el esqueleto de concreto es hogar de indigentes, damnificados de desastres naturales y caídos en desgracia por la peor crisis económica en la historia moderna de Venezuela.

“Estoy cansado de vivir aquí (…). Si tuviera para dónde irme, me iría de esta vaina”, dijo Erick Hurtado en la terraza de la estructura, desde donde se divisan los inmensos asentamientos de Petare.

Sobran razones para el hastío de este mototaxista de 42 años: desde hace cuatro meses no hay agua y los residentes rompieron el asfalto e improvisaron una conexión, en plena calle, para bañarse y lavar ropa con una manguera.

Solo hay un baño y un balde plástico funciona como letrina, la electricidad se limita a la planta baja -única habitada-, y las plagas esparcen enfermedades.

“Este sitio no es estable (apto) para vivir, especialmente por los niños, porque hay epidemias, zancudos, cucarachas, ratas”, asegura a su vez Roni Aranguren, albañil de 42 años.

Despedido por un recorte de personal y en la calle tras derrumbarse su casa, Roni se refugió hace dos años en el edificio con su esposa y cuatro hijos. Aguanta con la misma ilusión: “Una vivienda digna”.

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Pero teme por sus hijos en un país con 85 por ciento de escasez de medicinas y hospitales públicos colapsados. “Aquí ya se han muerto dos niños”, dice.

En Jehová Giré viven unos 80 menores, pero solo 50 van a la escuela y a menudo se ausentan por falta de transporte y alimentación, cuenta Stéphanie Marcelot, de la ONG Rayiluz, que ayuda a los residentes.

Estómagos hinchados atestiguan la desnutrición de muchos pequeños, que deambulan sucios y enferman de dengue, escabiosis o bronquitis. Son también comunes los embarazos precoces.

Con los años quedaron en el olvido las razones por las que el inmueble fue abandonado.

Algunos cuentan que los funcionarios se negaron a trabajar en un suburbio considerado peligroso y fueron trasladados, comenta Katiuska Camargo, de Rayiluz.

Atrás quedaron los cubículos de oficinas de cuatro metros cuadrados, transformados en dormitorios con camas, televisores y refrigeradores apiñados.

Sus ocupantes alimentan la esperanza con la fortuna de unos pocos compañeros que lograron el objetivo y viven en un cercano edificio de la Gran Misión Vivienda.

Mediante ese programa, el presidente Nicolás Maduro asegura que se han entregado 2.6 millones de viviendas subsidiadas desde 2011, pero la oposición denuncia que la cifra está sobreestimada.

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Con ayuda de sus antiguos vecinos, los que se quedaron en el refugio fueron incluidos como beneficiarios del CLAP, caja de alimentos subsidiados que el gobierno entrega periódicamente. Un estudio de las principales universidades del país cifraba los beneficiarios en 16.3 millones de personas para 2018, más de la mitad de la población.

Según Roberto Orta, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, unos 155 edificios de Caracas -la mayoría privados- fueron invadidos entre 2003 y 2007, y 241 expropiados “sin indemnización” de 2006 a 2008.

“Es la afectación más grande a la propiedad privada urbana en Venezuela”, dijo. Las invasiones son consideradas delito desde 2005, lo que según Orta llevó al arresto de miembros de “bandas organizadas” dedicadas a esta práctica.

La ocupación ilegal más famosa fue la de la Torre de David, un rascacielos de 28 pisos que albergó a unas mil 150 familias entre 2007 y 2014 y hoy sigue abandonado. La edificación fue recreada en la teleserie estadounidense Homeland.

Cansados también de la estigmatización de la policía, que considera el lugar una guarida de delincuentes, los ocupantes de Jehová Giré conformaron una cooperativa para ser reconocidos como damnificados y no invasores.

Con ello esperan ser trasladados pronto a un complejo de Misión Vivienda en Cúa, en las afueras de Caracas.

No sería el fin de las penurias de Henry Campos, de 43 años, quien ha recorrido toda Caracas buscando un psiquiátrico para internar a Carlos, su hijo de 23. No lo reciben porque “no tienen alimentos ni medicinas”, cuenta.

El muchacho yace en una cama como un saco de huesos ante la cara de angustia de su padre.

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