“Además se iniciaron las investigaciones del asesinato que se dio días antes de que pusiera el estado de Sitio”, expresó en conferencia de prensa en la Casa Presidencial.

El estado de Sitio dejó 17 capturas: 15 por los disturbios del 1 de mayo y dos más por trata de personas.

Fondos erogados

De acuerdo con reportes preliminares de los ministerios de la Defensa y Gobernación, hasta ayer se erogaron Q5.3 millones.

Personal de Gobernación informó que un recuento preliminar del gasto durante 15 días es de Q982 mil 300. Eso incluye raciones frías de comida para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegados en Huehuetenango, combustible, medicamentos y alojamiento.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que “llegaron a ser” 350 policías en Barillas, procedentes de otros departamentos de occidente y de la capital.

El funcionario indicó que en forma gradual, a partir de ayer, se empezó a retirar de ese municipio la fuerza pública, aunque se quedarán entre cien y 120 policías.

El portavoz del Ejército, Rony Urízar, al citar información enviada por el Ministerio de Finanzas, refirió que por cada soldado se invierten Q15 mil al mes. Esa cifra equivale a Q9 mil por cada efectivo en 18 días.

Los Q15 mil abarcan desde el uniforme, alimentación y equipo, hasta la movilización y patrullajes, entre otros insumos.

Ulises Anzueto, ministro de la Defensa, expresó que en Barillas llegaron a tener entre 480 y 500 efectivos durante el estado de Sitio.

Al tomar la cifra de 480 implicaría una inversión de Q4 millones 320 mil.

Antes de la medida de excepción, en el destacamento de ese municipio solo había un pelotón de 30 militares. Ahora hay capacidad para albergar una compañía de unos 120 fusileros, según Urízar.

El mandatario enfatizó en que se garantiza la seguridad a la población de Barillas después del estado de Sitio.

Además, informó que los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente y la comisión de diálogo gubernamental buscarán acuerdos con los vecinos para la instalación de una hidroeléctrica de capital español que es cuestionada.

Pérez Molina negó que se haya depuesto el estado de Sitio por presiones de diversos sectores, y rechazó que se hayan violentado los derechos humanos durante su vigencia.

“Sí, atendemos las peticiones, las denuncias, las protestas, las atendemos, pero las decisiones las hacemos con base en análisis. Las decisiones las tomamos con base en la situación, cómo ha progresado”, dijo el gobernante.

Diferentes criterios

El levantamiento del estado de excepción en Barillas ha generado opiniones encontradas, pues mientras algunos dicen que propició tranquilidad en esa comunidad, otros consideran que alteró la actividad cotidiana de la población.

Francisco Morales, del Consejo de Pueblos de Occidente, aplaudió el desistimiento, el cual atribuyó a las presiones efectuadas por distintos sectores y a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 18 días que rigió la emergencia por parte del Ejército. Eso fue negado por las autoridades.

Morales expuso que la medida de excepción ha dejado una “amarga experiencia” porque se convirtió en una amenaza a la lucha que ellos han realizado desde los procesos de consultas comunitarias y el posicionamiento de las comunidades ante el modelo de desarrollo con base en minería e hidroeléctricas.

Refirió que para la población ha sido difícil porque se recordaron los años de violencia del conflicto armado, lo cual será difícil de superar. Expresó que las organizaciones de derechos humanos van a trabajar para hablar con la población y que se respete el marco de derecho porque las luchas son legítimas.

Morales señaló que el respeto al derecho de consulta sigue siendo uno de los puntos por los que las luchas sociales se mantienen, pese a que el estado de Sitio ha dejado “heridas difíciles de sanar”.

La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar, ayer, una inconstitucionalidad presentada por ese consejo.

Basilio Tzoy, de la organización ambiental Ceiba, señaló que la presión social de organizaciones en el país y regional, cartas que se entregaron al Gobierno y las protestas contribuyeron a que se levantara el estado de Sitio, lo cual fue el primer paso.

Ahora esperan que el Ejército y la PNC salgan de ese municipio y que cesen las órdenes de captura, ya que las autoridades no tienen pruebas de que los líderes de los pobladores son los responsables de los disturbios del 1 de mayo. “Solicitamos que se levante el militarismo de las comunidades porque esto aún crea temor y zozobra en la población”, dijo.

Tzoy aseguró que es alentador saber que se retiró la emergencia, debido a que eso permitirá aclarar a las comunidades cómo está el panorama y retomar la tranquilidad.

Manifestó que se debe respetar la autonomía de las comunidades de aquí en adelante y que la empresa que impulsa la hidroeléctrica no regrese a Barillas, para que no surja de nuevo el conflicto, puesto que a ello atribuyen la ingobernabilidad en esa región.

Autoridad local

Según el alcalde Cándido López, esta ha sido la mejor decisión que ha tomado el Gobierno, pues la población está muy dividida; sin embargo, esto permitirá comenzar con la reconstrucción del tejido social, el cual quedó roto durante este conflicto.

López indicó que la población tiene razón de estar dividida, pues ver militarizado el municipio causó indignación en vecinos de comunidades rurales, pero satisfacción en el área urbana, debido a que antes del 1 de mayo había ocurrido una serie de disturbios derivados de la hidroeléctrica.

Ahora dijo que como autoridad espera que exista seguridad sin militarizar ese municipio, ya que eso ha causado malestar en algunos sectores, aunque otros la apoyan.

División imperó  durante emergencia 

Durante los 18 días que duró el estado de Sitio en Barillas, Huehuetenango, la población se dividió entre el apoyo y rechazo a la medida.

Organizaciones indígenas y activistas de Derechos Humanos llegaron a evaluar la situación en el municipio, y acusaron de abusos de autoridad a agentes de la Policía y militares que durante tres semanas aumentaron su presencia en la zona.

El grupo Waqib’ Kej, luego de una visita de tres días a Barillas, denunció el robo de dinero, abusos e intimidaciones por parte de  las fuerzas de seguridad durante los allanamientos en las aldeas San Carlos, El Recreo y Santa Rosa.

La desaparición de algunas personas, por miedo a ser capturadas o acusadas injustamente, también formó parte de los señalamientos de la organización indígena.

La Iglesia Católica de Huehuetenango  expresó  su rechazo a la medida gubernamental y pidió en varias ocasiones que se levantaran las restricciones constitucionales.

 El representante adjunto del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Andrés Sánchez, junto a un equipo de trabajo,  llegó a la población la segunda semana luego de la implementación del estado de Sitio, y supervisó los procedimientos para comprobar la legalidad de la medida estatal y las acciones de las fuerzas de seguridad.

Diez días después de la muerte de un poblador, suceso que originó los enfrentamientos del 1 de mayo, el Ministerio Público (MP) efectuó  la exhumación del cadáver para  establecer la causa de la muerte.

Hasta el momento, los resultados son parte de la investigación, que está bajo reserva.

Del  total de las operaciones encabezadas por el MP durante el estado de Sitio, se confirmó el cumplimiento de 15 órdenes de captura, entre ellas las de dos mujeres  acusadas de ocultar armas en su vivienda.

 Las personas detenidas aún no han sido escuchadas en su primera declaración, y por medidas de seguridad, guardan prisión en el Centro Preventivo de la zona 18.

Esperan abrir diálogo

La empresa Hidroeléctrica  Santa Cruz dice respetar la decisión presidencial y espera que se pueda instalar una mesa de diálogo que permita en el menor tiempo posible retomar los trabajos en Poza Verde, donde participen todas las comunidades, autoridades ediles y de Gobierno. 

“El deponer la medida gubernamental no supone nada ante la viabilidad del proyecto que tenía legitimidad antes del estado de Sitio; la tuvo durante la declaración y la seguirá teniendo”, dijo Fernando Rodríguez, representante de la empresa española.

Decisión violó derechos 

Para el representante del Consejo de Pueblos de Occidente, Benito Morales, levantar el estado de Sitio solo demuestra la intención del Gobierno de hacer bien las cosas.

“No sabemos las motivaciones de esta decisión, ojalá signifique una recapacitación,  porque no se pueden tomar estas medidas sin lesionar derechos fundamentales”, afirmó.

 Morales también pidió que el Estado respete las consultas comunitarias, para evitar futuros sucesos violentos motivados  por la  intención de explotar recursos naturales.

Se rectifica  error     

Daniel Pascual, del grupo Convergencia maya Waqib’ Kej, indicó que la decisión presidencial solo evidencia el error que se había cometido en Santa Cruz Barillas.

“Es evidente que el estado de Sitio tuvo un rechazo generalizado de los sectores indígenas, campesinos y de la Iglesia (católica)”, dijo. Pascual no descartó que Waqib’ Kej solicite su adhesión como querellante en el proceso contra 15 personas detenidas en aldeas de Barillas, durante la medida de emergencia, y que no han sido escuchadas por un juez.

Cronología

Comunidades de Barillas realizaron una consulta popular en el 2007, y fijaron su rechazo a explotar recursos.

14/6/2011 – Se inicia  hidroeléctrica

Hidro Santa Cruz formaliza sus intenciones y obtiene el registro del Ministerio de Energía y Minas como  central generadora.

16/11/2011 – Arden bodega y camiones

Vecinos destruyen y queman una bodega, equipo y seis tractores y camiones de la empresa española.

1/5/2012 – Muere campesino

Andrés Miguel, de la aldea El Recreo, muere a balazos. Los pobladores vinculan a la  hidroeléctrica con ese crimen.

1/5/2012 – Turba ataca pueblo

Un grupo de personas, luego del incidente armado, ataca  la municipalidad, el destacamento militar y dos viviendas.

1/5/2012  – Respuesta gubernamental

El presidente Otto Pérez Molina, junto con el Gabinete de Seguridad, declara  estado de Sitio en Barillas.

10/5/2012 – ONU revisa medidas

Una comisión de derechos humanos de la ONU llega al lugar para garantizar  los derechos humanos en las comunidades.