Según el fallo de la CIDH, emitido el pasado 20 de mayo, un estudio de 2005 determinó que existe contaminación de agua en 18 comunidades aledañas a la mina Marlin, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, ubicadas en los municipios de San Miguel Ixtaguacán y Sipacapa, unos 350 km al oeste de la capital.
En respuesta, la Presidencia guatemalteca anunció el 23 de junio que acatará la resolución de la CIDH, un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero que mientras continuará la explotación minera.
En la resolución, el gobierno pidió un lapso para hacer una evaluación ya que los “estudios realizados no demuestran que exista contaminación en las aguas de las comunidades, por lo que son aptas para el consumo humano”.
“La acción de la CIDH es para salvaguardar la vida, pero el gobierno deja indefensas a las comunidades y permite que se continúe con el trabajo minero”, insistió Menchú.
Para la organización indígena Waqib’ Kej, la demanda se interpuso porque “el Estado debió haber cumplido de inmediato las medidas cautelares solicitadas por la Comisión, pues se trata de una orden precautoria, para garantizar la seguridad y la vida de los habitantes de los alrededores de esa empresa”.
“Desde que Guatemala suscribió convenios internacionales en materia de derechos humanos tiene la obligación de cumplir con las resoluciones emanadas, de lo contrario vulnera el derecho internacional y viola sus obligaciones asumidas”, dijo uno de los abogados que presentó la acción, Benito Morales.