Ese fue el panorama que delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, comprobaron ayer en aldeas de San Raymundo, Guatemala.

Fabricantes y trabajadores aseguraron que nadie se había acercado a ellos para velar por su seguridad. Mucho menos por la de los pequeños, que siguen siendo contratados para elaborar cohetillos.

Después de las 9:30 horas, un grupo de la Unidad de Seguimiento de la PDH empezó en el parque central de San Raymundo su jornada de trabajo.

Janeth Vargas, coordinadora de la sección, dividió al equipo en dos grupos, y se dirigieron a la aldea Sacsuy, donde se supone que opera la mayor cantidad de coheterías clandestinas del país.

Polvo y silencio

Cinco kilómetros adelante, en un camino de terracería en mal estado, se ubica Sacsuy. Al preguntar por las coheterías, el equipo recibió muy pocas respuestas. Algunos lugareños, rápido y sin detener la marcha, daban algunas señales de ubicación. Fue así, como la Procuraduría ubicó 12 fábricas artesanales.

Mónica Vela y Evelyn Diéguez se ganaron la confianza de los aldeanos, ofreciendo a los niños juguetes y dulces.

Así corroboraron que aun cuando ya existen esfuerzos para garantizar la seguridad de las personas que manipulan la pólvora, aún no cuentan con extintores ni equipo básico de primeros auxilios en caso de alguna emergencia. ?Ya tenemos más cuidado y no juntamos la basura en el mismo lugar que trabajamos?, explicó Israel Chamalé.

?Niños ya no trabajan en las coheterías; hoy hay algunos, porque como no había clases, mejor se vinieron a ayudar?, añadió.

Protección a menores

La PDH pidió la intervención de autoridades de Gobierno para evitar accidentes en las coheterías.

? Solicitó que el Ministerio de Trabajo supervise las fábricas y verifique que en éstas se cumplan algunas medidas de seguridad básicas.

? Extinguidores, guantes, mascarillas, batas, recipientes adecuados para guardar la pólvora y la no contratación de menores de 15 años son algunas de las recomendaciones.