Una de estas es que la selección de los proyectos se base en  la participación plena de las partes interesadas  y después de una evaluación exhaustiva y objetiva de los impactos sociales y ambientales, y los riesgos económicos de una obra.

Además,   deberán salvaguardar los ecosistemas existentes en las cuencas hidrográficas y garantizar la protección  de hábitats naturales.

Aprobación

Entre las disposiciones que deberán cumplir las entidades financieras figura el apartado titulado “Derechos de los ciudadanos”, en el cual, para avalar el financiamiento de un proyecto, se debe constatar que este  cuenta  con aceptación pública “demostrable” y   con  “compromisos de buena fe” de la totalidad de las personas afectadas.

El mismo inciso requiere el reconocimiento de la propiedad y el  uso comunal del proyecto,  y que todas las decisiones que afectan a los pueblos indígenas requieren una participación activa de este segmento de la población.

De dicha participación se  debe informar al Gobierno de EE. UU. en todas las fases del proyecto, planificación, ejecución, monitoreo y negociaciones.

Otra de las condiciones subraya que los bancos  deben asegurarse, antes de que se autorice un financiamiento por parte de EE. UU., que el proyecto ha sido desarrollado en forma transparente y con acceso público y oportuno a documentos claves, incluso las evaluaciones de impacto ambiental y social, además de planes de gestión, estudios de viabilidad y análisis económicos y de riesgos.

La quinta condición que menciona la Ley tiene que ver con la administración del proyecto y se refiere a posibles hidroeléctricas  en donde, previo a su financiamiento y construcción,  se deberán atender problemas sociales reportados en la misma cuenca hidrográfica donde se planea  construir.

La última condición indica que el proyecto debe tener un monitoreo permanente del cumplimiento de las normas ambientales de mitigación y que se debe reportar con regularidad el progreso de esas medidas.

Las nuevas condiciones que se imponen al BM y al BID para autorizar financiamiento  se suman a las exigencias de EE. UU. a Guatemala, publicadas ayer por Prensa Libre, de juzgar a militares por violaciones a los derechos  humanos y el retiro del Ejército en tareas de seguridad ciudadana.

No es novedad

El presidente Otto Pérez Molina aseguró que no ve “ninguna novedad” en esa normativa, sino de mantener   restricciones de asistencia militar, pero no de cooperación.

“Eso no ha cambiado, más bien ha cambiado  para mejorar o ponerse más duro, pero no ha cambiado desde 30 años, y eso es lo que he criticado. Pareciera que no se quieren recoger los avances sustantivos que se han dado en el país”, afirmó el gobernante.

Pérez Molina dijo que, en cuanto a la reparación de las familias afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, el plan ya fue firmado y se pondrá en marcha a partir del 2015.

Respecto de la demanda de que el Ejército deje de apoyar en seguridad civil, el presidente afirmó que EE. UU. ya conoce el cronograma de los Escuadrones de Seguridad Ciudadana y del apoyo combinado.

Explicó que dos años más continuará el apoyo  militar a policías, todo el 2015 y el 2016, y que en el 2017 comenzará, gradualmente, el retiro del Ejército de los patrullajes.

Pérez Molina negó que EE. UU. pida enjuiciar a militares por violaciones a los derechos humanos, sino solo requiere colaboración para poner a disposición de los tribunales toda la información de lo que sucedió durante el enfrentamiento armado interno, lo cual, aseguró, está completo y el público también puede consultar esos datos.

Costo de seguridad

El nuevo portavoz del Ejército, Hugo Rodríguez, precisó que para la seguridad ciudadana se invierten Q16 millones mensuales en los  cuatro mil 500 efectivos castrenses que apoyan esa labor. De ese monto, Q5 millones son para sueldos, y el resto se destinan a funcionamiento como combustible, alimentos y equipo.

Fue cabildeo

Juan de Dios García, representante de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, afirmó que las nuevas restricciones a los bancos son parte de los cabildeos que hicieron en el Congreso de EE. UU. para obligar al Gobierno de Guatemala a cumplir con el plan de resarcimiento pactado.

Recordó que, pese a que ya se presentó el plan de reparaciones, aún no se instala el consejo de verificación, para su cumplimiento, aunque el acuerdo señala que debía hacerse “a la brevedad”.

Ejecutivo

Lo mismo

El presidente Otto Pérez Molina afirmó: “Lo único que están condicionando ahí es la asistencia militar; es decir, el traer armas o aviones o algunas cuestiones de ese tipo que las tienen catalogadas, y es lo mismo de hace 30 años”.

Juicio

No afecta

Heydi Pineda, fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público,  quien conoce el caso por genocidio contra  Efraín Ríos Montt, dijo que la disposición en la ley de EE. UU. no afecta el caso porque ya se encuentra en proceso.

Análisis

Fracaso

El abogado Pedro Pablo Solares considera que de cumplirse las nuevas restricciones de  EE. UU. constituirían un fracaso de la política exterior del Gobierno, que este año se esforzó por cambiar la imagen que se tenía del país.