Desde el #25A, mujeres y hombres de todas las edades y estratos sociales no hemos dejado de salir a las calles a exigir justicia. No nos conformamos con la renuncia de Baldetti, Otto Pérez y su rosca de funcionarias y funcionarios señalados de corrupción. Exigimos la depuración de los organismos legislativo y judicial.

Insistimos en reformar de fondo el sistema político, económico, jurídico y social del país. Una reforma radical (o sea directa a las raíces de Xib´alb´a) para erradicar la impunidad y la corrupción. Poderosos flagelos en los cuales los poderes político-militaristas y económicos se han amparado para arrebatarnos los derechos a la educación, recreación, salud, alimentación y vivienda digna.

Ha quedado claro para la ciudadanía que los partidos, sin excepción, son lo mismo: vehículos para ganar las elecciones, llegar al poder y lucrar a costa del erario nacional. Casi imposible que un partido pueda hacer otra cosa, pues deben pagar las facturas que le deben a sus financistas. En ese contexto, ya no queremos elecciones.

Ya no queremos seguir legitimando este sistema político-partidista con elecciones que se convierten en la puerta de entrada y reacomodamiento de los poderes paralelos —crimen organizado, narcotráfico, defraudadores fiscales— que medran en las instituciones estatales desde la década de 1970.

En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de atender las demandas de las mujeres y otros sectores de la sociedad civil. Estas consisten en el aplazamiento de las elecciones y una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para una participación plural, es decir que incluya las voces y expresiones de los pueblos maya, xinka, garífuna y ladino/mestizo.

El Congreso carece de legitimidad, por tal razón rechazamos las negociaciones que Legislativo y Ejecutivo están realizando para modificar a la ligera y de acuerdo a sus intereses oportunistas la LEPP. Comparto la propuesta de las mujeres organizadas, feministas y académicas de que es fundamental una genuina reforma que incluya el criterio de paridad y alternancia de mujeres y hombres en la definición de candidaturas y en las estructuras de dirección de los partidos políticos.

Para la Convergencia Cívico Política de Mujeres, la paridad también debe ser extensiva a los pueblos maya, garífuna y xinka, de esta forma se fortalecerá la democracia electoral en Guatemala.

Comparto también con otros sectores (organizaciones de mujeres, estudiantes, organizaciones mayas, entre otros) las siguientes exigencias: reducción del número de diputadas y diputados al congreso, la no reelección de congresistas, alcaldes y alcaldesas, así como la elección por voto nominal (no por planilla como se hace actualmente).

En materia de campañas electorales estas deben ser financiadas con fondos públicos —no privados—, con una cobertura en los medios de comunicación equitativa y con una publicidad que evite contaminar el ambiente y permita la libre locomoción.

Asimismo debe suprimirse el Parlacen, por ser un un espacio de refugio de los delincuentes de cuello blanco. Continuaré detallando las demandas la próxima semana…