Un país está en problemas cuando la mayoría de la población siente esta desconfianza. Se convierte en círculo vicioso: la justicia no funciona porque está corrompida, politizada o la aplica gente incapaz, pero al mismo tiempo está corrompida o politizada porque no funciona. Ese recelo en todos los niveles sociales hace que nadie quiera enfrentarse a los jueces y por ello se ven obligado a recurrir a acciones ilegales.

El tema ha surgido en los últimos días como consecuencia de lo ocurrido con los exdirectivos del Banco del Café. Unos se presentaron voluntariamente ante el juez, y otros fueron conducidos desde su oficina o casa porque se hicieron efectivas órdenes de captura giradas hace cinco años. Varios tenían tiempo de llegar periódicamente al Tribunal, como parte de las acciones legales relacionadas con el caso. Por eso se puede decir que confiaban en el sistema de justicia. Pero el tratamiento que han recibido ha sido motivo de afianzamiento del descrédito para el sistema legal.

El aforismo según el cual todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley, por supuesto, es válido. Pero también lo es que la justicia actúe sin motivo de críticas justificadas, aun aceptando que la ley es dura, pero es la ley. Se debe señalar, además, que a favor de la impunidad conspiran factores muy diversos y en apariencia no relacionados entre sí, pero que en la práctica también apoyan de hecho a la impunidad.

Las inhumanas condiciones de los centros de detención, por ejemplo, hacen que los ciudadanos no tengan alternativa: para no ser sujetos a tratamientos y vejámenes, deben burlar a la autoridad por medio de refugiarse en hospitales, aunque su salud no esté disminuida; tratar de escaparse o verse obligados a recurrir al soborno a fin de no ser conducidos a lugares donde con toda seguridad serán víctimas de bandas criminales organizadas que actúan hacia dentro y hacia fuera de las prisiones.

Es interesante señalar que en Guatemala los integrantes de las etnias de ascendencia maya tienen plena confianza en su sistema de justicia, en muchos casos muy distinto al oficial del país, cuyas características sociales y culturales son distintas, pero aceptadas. Pero tanto ellos como el resto de la población no confían en este último.

Es imperativo, dentro de los exámenes introspectivos que necesita el país, analizar el funcionamiento de las instituciones y cuando su accionar equivocado, precipitado o ilegal provoca peores problemas. Quienes recurren a la autoridad y quienes la aplican deben tener claro que es contraproducente cualquier abuso o carencia de imparcialidad, y que existe un juez cuyo veredicto es inapelable: el ciudadano.