Esta semana dio inicio el juicio de los otros cuatro. Este caso ilustra perfectamente lo que significa la criminalización de la protesta social y de los defensores de derechos humanos. Los ciudadanos de La Puya —que ejercen su derecho constitucional a la resistencia porque el Estado de Guatemala, a través de sus funcionarios de gobierno, ha puesto en grave riesgo de contaminación y de destrucción ambiental el lugar donde ellos viven—  resultan acusados y tratados como criminales. ¿Cree  alguien que obtendrán justicia?

Creo que la gran mayoría de guatemaltecos no se ha dado cuenta del estado en que se encuentra nuestro sistema de justicia. El Poder Judicial es el encargado de administrar justicia en una sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Esa es la manera como un Estado protege los derechos de sus ciudadanos, resuelve litigios y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la sociedad. El Poder Judicial debería también proteger a los ciudadanos de eventuales abusos cometidos por el Ejecutivo o el Legislativo.

Pero el sistema de justicia en Guatemala fue tomado por asalto por oscuros poderes, gracias a la manera como se elige actualmente a los magistrados y a los jueces. Desgraciadamente, cuando una valiente jueza denunció esta realidad y hasta ofreció pruebas, la sociedad guatemalteca no reaccionó. Peor aún, la dejó completamente sola. Ni siquiera la Universidad Francisco Marroquín —de donde es egresada—,  pero tampoco la Universidad Landívar —donde fue catedrática—  se atrevieron a externar respaldo a Claudia Escobar.

Así que nuestras cortes no son nuestras… fueron tomadas; y aquí no pasó nada. Las consecuencias de esa tragedia las pagará cualquiera que tenga que acudir al sistema de justicia para dirimir conflictos. Para suerte nuestra, todavía hay algunos jueces y magistrados honorables. Estaremos atentas a lo que suceda en el Tribunal 8o. de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de esta capital: esperamos objetividad de parte del juez. Porque sabemos de las cosas “extrañas” que pueden pasar… como la falsificación de actas… ¿Me explico?