Recientemente, en Ginebra, se discutió sobre la ausencia de políticas tendentes a corregir las injusticias que afectan a las mujeres en el ámbito laboral en el mundo.

El grupo de trabajo de la ONU sobre la discriminación de las mujeres en la legislación y en la práctica informó que, a pesar de la tendencia a la aplicación de la llamada “Responsabilidad Social Empresarial”, las injusticias laborales para las mujeres persisten; ellas se enfrentan a lamentables condiciones de trabajo, confiscación de tierras y diferencias salariales en relación con los hombres que hacen la misma labor.

El grupo de trabajo reveló que es escasa la presencia de mujeres en cargos directivos de empresas nacionales, multinacionales y en organizaciones internacionales, salvo algunas excepciones.

En marzo, la Federación de Sindicatos de Periodistas denunció el deterioro de la situación de las trabajadoras de medios de comunicación, en términos laborales y profesionales, la cual es cada vez más acentuada, en lugar de avanzar hacia la igualdad de derechos. Aseguró que la crisis económica ha afectado particularmente a la mujeres periodistas porque, además de “padecer los mismos recortes que toda la ciudadanía, sufren más directamente la falta de medidas eficaces para conciliar la vida laboral y familiar, ven más reducidas sus posibilidades de promoción profesional —ocupan muy pocos puestos directivos en los medios, pese a ser en número más de la mitad—”.

En muchas empresas se les considera como trabajadoras de segunda categoría frente a sus compañeros varones con la misma capacitación y sus salarios son inferiores. Además, los expertos del grupo hicieron un reclamo a las entidades para que no se escuden en la crisis para incrementar la brecha salarial, por el contrario, deben impulsar medidas para favorecer la conciliación, planes de igualdad eficaces y acceso meritocrático a los puestos directivos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indicó que las mujeres no pueden estar ausentes de la toma de decisiones en la definición de la agenda de desarrollo después de 2015, que dará seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para lo cual debe haber una participación paritaria en los debates.

La Cepal le apuesta a un nuevo modelo de desarrollo basado en la igualdad y en la erradicación de la discriminación, para lo cual las mujeres deben tener capacidad de generar sus propios ingresos y recursos.

Y la Secretaría de Integración Económica Centroamérica (Sieca) presentó en marzo oficialmente su “Política de Género”, que permitirá incorporar la perspectiva de género en todas sus actuaciones, así como la efectiva promoción de los derechos económicos de las mujeres en la región.

Es un hecho evidente y manifiesto que no hay equidad en el tratamiento que los Estados y las empresas aplican en relación con las mujeres.
Los anteriores son tres ejemplos que muestran la indiscutible necesidad de reconocer esa realidad, pero especialmente de poner fin a esas deleznables prácticas que riñen con derechos humanos fundamentales, sin mencionar la cantidad de horas que las mujeres trabajan extra sin percibir emolumento y las otras que dedican a labores domésticas que ni siquiera son tomadas en cuenta, a pesar de ser indispensables en la economía nacional. Son nuevas pruebas de inequidad. Hay que reconocer, para poder rectificar.

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