Un acontecimiento de la magnitud de la renuncia del candidato oficial a participar en las próximas elecciones, acompañado de la declaratoria de prófugo internacional al secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala, tiene la gravedad suficiente como para esperar más efectos dentro de los campos políticos y también legales.

El caso está lejos de haber terminado, y todo parece indicar que conforme pase el tiempo irán surgiendo nuevos descubrimientos, sobre todo acerca del tiempo que lleva la estructura conocida como La Línea de hurtar impuestos y cometer otras actividades igualmente ilegales, agravadas por el hecho del involucramiento de personajes localizados en posiciones tan altas dentro del Gobierno.

Respecto de la dimisión del exministro y ahora ex candidato oficialista Alejandro Sinibaldi, las consecuencias pueden afectar de manera directa la misma participación del Partido Patriota en las elecciones, en caso de que se retiren secretarios generales departamentales, lo cual obligaría a efectuar nuevas asambleas partidistas, algunas de las cuales tendrían que ser extraordinarias, para elegir a nuevos candidatos, porque de no hacerlo, correrían el riesgo de quedar fuera de la contienda.

La actividad en la que fue presentado el entonces candidato Sinibaldi, efectuada el domingo 21 de septiembre del 2014, en la Plaza de la Constitución, siempre estuvo fuera de la legalidad y por eso precisamente las autoridades electorales emitieron la sanción correspondiente. Esta es una muestra de muchos de los abusos en que incurren los políticos en sus ansias de tomar la delantera en la promoción de los aspirantes a diferentes cargos públicos.

En cuanto a la acusación contra el ex secretario privado de Roxana Baldetti, perseguido por la Interpol en 194 países, acusado de asociación ilícita, han salido a luz algunas interpretaciones y señalamientos adicionales en referencia a la actuación de la vicepresidenta. Ahora se conocen detalles acerca de que ella no podía destituirlo sin seguir un proceso serio, y que en todo caso lo procedente era auxiliarse con la misión diplomática acreditada en Seúl para documentar el hecho y poder enmarcarlo en la forma debida.

Según esta interpretación, al ser destituido de manera anómala y recibir la orden de presentarse a Guatemala, Juan Carlos Monzón, en la práctica, fue puesto sobreaviso para que pudiera escapar, por lo que el Ministerio Público debe investigar si hubo algún ilícito en el proceder de Baldetti. Todo esto complica la situación legal de la vicemandataria, quien ahora encara los efectos de haberse negado a responder cuándo, a qué hora y en qué avión regresó al país.

A escala nacional, la desbandada de alcaldes y otros miembros del partido oficialista parece inminente, lo que permite predecir incluso la fragmentación de la agrupación política que Otto Pérez Molina fundó. Los patriotistas que decidan quedarse tienen ante sí un camino difícil, porque esta crisis sin precedentes ocurre a un tiempo demasiado corto para el inicio legal de la campaña eleccionaria, en un país donde, irónicamente, ser el candidato oficial ha resultado un lastre y un valladar que los aspirantes no han podido salvar.