El 14 de septiembre de este año yo señalé que era un grave error repartir los fondos provenientes de dichas confiscaciones entre los “operadores de justicia”, porque creaba incentivos perversos. Hoy en día, la LED ordena la entrega del 25% de lo confiscado al Organismo Judicial, el 20% para el Ministerio Público, y el 38% entre unidades del Ministerio de Gobernación. La ley buscaría “motivarlos” a confiscar a diestra y siniestra. Algo así como “ganar por comisión”. ¿Cómo no van a funcionar los incentivos? El problema es que la justicia debe ser imparcial y sin intereses creados. Introducir esos incentivos perversos en un proceso donde el acusado debe demostrar su inocencia en un juicio sumario desnaturaliza la búsqueda de la justicia por la búsqueda del lucro. Es el equivalente a que el árbitro de fut gane un bono por cada gol que los rojos le metan a los cremas…

El tiempo nos ha dado la razón. Es una verdadera tristeza comprobar que los magistrados únicamente se preocupan por el respeto a la Constitución cuando les afecta sus bolsillos y no cuando se amenazan otras garantías constitucionales. Pero así es y así continuará siendo. Los problemas que yo había pronosticado respecto de la LED comienzan a hacerse realidad inclusive antes de que esta entre en vigencia. Para colmo de males, ahora resulta que aquellos que tanto insistían en lo importante y crucial que esta era para la lucha contra el crimen organizado pretenden bajarnos las expectativas diciendo que la LED no es “panacea” alguna, sino tan solo un instrumento más…

La reacción de la CSJ es tan solo la primera de una serie de eventos que continuarán produciéndose como consecuencia de los incentivos perversos que quedaron en la ley. Esté atento, porque ya comenzarán a aparecer otros en perjuicio de la ciudadanía honrada.