En mi último artículo expresé que el único camino que tenemos como país para superar la severa crisis que vivimos, es a través de una sólida organización social y una efectiva participación ciudadana. Apunté además mi intención de abordar temas precisos y fundamentales que llevados a la práctica, podrán influir en un mejor horizonte para todos los guatemaltecos. Inicio el aporte refiriéndome a la relación capital y trabajo. Para nadie es un secreto que el modelo económico guatemalteco creó un sistema político y jurídico como plataforma, para con ello, garantizar su reproducción a lo largo de muchos años. El modelo desde sus inicios se basó en una economía primaria orientada a la exportación. Esos mismos capitales se transformaron insertándose en áreas como el comercio, la banca y la industria. Sin duda alguna es el CACIF —surgido a finales de los años cincuenta— la instancia que llegó a representar la unidad política del empresariado más poderoso del país.

Ante la dinámica empresarial debió de surgir un contingente de trabajadores organizados en instituciones laborales fuertes, propositivas y comprometidas con la dinámica productiva, favorecidos por salarios justos, capacitación laboral constante y el pleno reconocimiento de sus derechos laborales. Lamentablemente ocurrió todo lo contario. El cierre de los espacios democráticos y el inicio de la confrontación militar interna, apartaron radicalmente a los empresarios de las organizaciones sindicales y campesinas. Se favoreció un clima de enfrentamiento que creó división y desconfianza. La posibilidad de encontrar una sana relación entre capital y trabajo se diluyó, lo que produjo un modelo basado en la alta concentración de riqueza para el sector empresarial y la generalización de la pobreza para la mayoría de los trabajadores. La realidad no puede negarse.

CACIF y una serie de organizaciones empresariales —por instancias propias y ajenas— se parapetaron en gobiernos autoritarios mientras las organizaciones sindicales y campesinas optaron por la denuncia y la confrontación. Con la finalización del conflicto armado interno la contradicción entre empresarios y trabajadores bajó de intensidad, pero algunos efectos negativos persistieron. Hoy CUC, CODECA, CONFREGUA, CONIC y CNOC, entre otras organizaciones religiosas, populares y sindicales, demandan ante CACIF y el Estado en general, un nuevo orden económico y social.

Conclusión: El CACIF debe perder el miedo a las organizaciones sociales, a las instituciones sindicales y campesinas, debe dar un salto cualitativo para iniciar acercamientos, diálogos y la pretensión de acuerdos sólidos, sustentables y democráticos. Las organizaciones campesinas y sindicales deben demostrar que ante sus demandas, también presentan propuestas y tolerancia. La relación entre capital y trabajo debe sustentarse en acuerdos y compromisos, la confrontación prolonga la crisis generando un gravísimo daño económico y social en general. Propongo que bajo la coordinación e intermediación del G-4, se instale de inmediato una mesa de negociaciones y acuerdos entre los sectores citados. Temas de agenda: 1. Acceso a la tierra para el campesinado nacional. 2. Una política pública para el desarrollo social. 3. Crédito y tecnificación para las Pymes. 4. Un programa nacional de Responsabilidad Social Empresarial. 5. Renuncia a las medidas de hecho y convergencia para eliminar la conflictividad social. En un clima de armonía y acuerdos, empresarios y trabajadores podrán fijar la ruta para un verdadero cambio nacional. El G4 tiene la palabra.

manuelvillacorta@yahoo.com