Toda esta deliberación queda clara con los dos votos disidentes de los dos magistrados de la CC que dignamente se opusieron a la maniobra legal de la defensa y con el hecho de que tuvieran que ser llamados tantos magistrados para integrar la sala de Apelaciones. Claro está que al final el resultado para siendo el mismo, pues la justicia vuelve a quedar en ridículo cuando el Tribunal de Sentencia B decide suspender el proceso hasta el año entrante, como si se tratara de cualquier juicio dentro de su agenda, lo que constituye una verdadera bofetada a las víctimas del caso de genocidio que pacientemente esperaron 13 años para llegar a juicio oral y, hoy, cuando lo lograron y llegaron hasta la sentencia, esta se tira por un lado y se les pide que vuelvan a empezar a partir de lo actuado desde el 19 de abril.

De lo que no se percatan, el sector empresarial y la CC, es que esta decisión tiene un costo político enorme, pues esta sí pone en entredicho los acuerdos del proceso de paz y en particular pone en entredicho que Guatemala iba a construir un sistema de justicia ágil, eficaz e igual para todos, con lo que nadie tiene por qué creer en la justicia de ahora en adelante, y especialmente el pueblo maya no tiene razón para confiar en un Estado que lo traiciona.

Lo que aquí no se entendió es un concepto que desarrollaron los sudafricanos en su momento de transición, rompiendo con el pasado de racismo y la apartheid estableciendo un nuevo régimen democrático, es que toda sociedad en transición debe tener algún elemento de justicia aunque sea simbólico para que el pueblo pueda reconocer el cambio y a esto le llamaron “Justicia Transicional”.

El caso por genocidio contra Ríos Montt era precisamente el caso simbólico que de alguna forma representaba la totalidad de las atrocidades cometidas, no solo en la región ixil, sino en todo el país, y que de alguna forma reivindicaba a todas las víctimas. Con esto tenía un elemento simbólico de Justicia Transicional que haría que muchas de las víctimas no sintieran la necesidad de buscar justicia en forma individual por cada caso, lo cual es su legítimo derecho. Los sectores de poder vieron el caso de genocidio como una amenaza proveniente del pueblo maya cuando en el fondo es un elemento de transición. Hoy, esta anulación también cuestiona todo el proceso de paz, la igualdad ante la ley y la legitimidad del sistema de justicia.

Claro está que los sectores más recalcitrantes de la impunidad se dan cuenta del efecto de esta decisión y, hoy, van a insistir en leyes de amnistía, cuando la Ley de Reconciliación Nacional es una ley absolutamente clara y legítima, de transición y dentro del marco de los derechos humanos.