Lo que inició como una gira de observación terminó para tres estudiantes de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala en tragedia. El 31 de marzo de 2012, Juan Carlos Velásquez Marroquín, de 24 años; Nahomy Lara Orellana, de 20; y Ángel Rodolfo de León Palacios, de la misma edad, fallecieron en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en El Estor, Izabal.

La versión inicial fue que la embarcación en la que se conducían habría dado vuelta y los muchachos no consiguieron nadar hasta la orilla. El único sobreviviente, Alfredo Lemuel Valle, quien era el guía en el recorrido, explicó que se trató de un accidente. Después de escuchar las versiones de algunos otros estudiantes, constatar que los cuerpos no tenían colocado el chaleco salvavidas como se había afirmado y que Juan Carlos y Ángel Rodolfo, buenos nadadores, tenían un golpe en la cabeza con similares características que no se explica con la teoría del naufragio, empezaron a surgir las dudas en torno a lo que realmente habría ocurrido.

A partir de ese momento, la vida de estas familias cambió radicalmente. No solamente habían perdido a uno de sus hijos, sino estarían por enfrentarse a la realidad de un sistema de justicia que en un país como el nuestro favorece la impunidad. En la fiscalía de Morales, Izabal, se había dado como buena la versión del accidente sostenida por la minera, y se estaba por proceder a la desestimación del caso. Fue la oportuna intervención de los abogados de las familias de los jóvenes la que permitió que se admitiera la demanda e iniciara la investigación.

Pero ese sería solamente el principio del tortuoso camino que las familias Velásquez Marroquín, Lara Orellana y De León Palacios han tenido que recorrer. La universidad y la minera han interpuesto desde entonces una serie de amparos que han entrampado el proceso y que al día de hoy lo tienen suspendido, narra don Carlos Rodolfo de León, papá de Ángel, quien agrega que el juez de Puerto Barrios —que estaba a cargo del caso— se encargó de dar trámite a todos los recursos planteados por la defensa, obstaculizando la búsqueda de la verdad.

Atrasó todo lo que pudo la exhumación de los cuerpos, con la que se buscaba tener mayor información sobre lo ocurrido, y suspendió tres veces la reconstrucción de los hechos, afirma. En la cuarta ocasión la diligencia pudo realizarse y permitió desestimar la hipótesis del vuelco de la lancha y abrir nuevos caminos de investigación.

El traslado del expediente a una fiscalía especial en la ciudad de Guatemala ha permitido avanzar, y se espera que ahora que el caso se trasladó al Juzgado de Zacapa, después de estar entrampado en el de Puerto Barrios, el proceso continúe sin más demora y se llegue al esclarecimiento de la verdad.

Cinco años después estas familias no obtienen respuestas a sus preguntas ni a su legítimo derecho a la justicia. Cada día se enfrentan con el muro grande de la impunidad y del silencio, que les impide cerrar su duelo y honrar la memoria de sus queridos muchachos.

La incomprensible actitud asumida por las autoridades universitarias, la permanente obstaculización jurídica que junto a la minera han procurado, la indolencia de operadores de justicia que por acción u omisión les han hecho vivir este calvario, se opacan frente al amor, la valentía y la perseverancia de José Mauricio Velásquez y Edna Marroquín —papá y mamá de Juan Carlos—, Brenda Karina Orellana —mamá de Nahomy— Diana Lucrecia Palacios Valenzuela y Carlos Rodolfo de León Herrera —mamá y papá de Ángel—. Y frente a eso, la impunidad no puede ser la respuesta.