La insolvencia de los gobernantes centroamericanos de los años 60 del siglo pasado provocó degradación familiar, social, económica y política que condujo a guerras internas que no alcanzaron el equilibrio deseado, como tampoco el desarrollo al que una miope élite económica cerró sus puertas. Eso provocó la migración del 9% de la población hacia EE. UU., buscando mejores oportunidades. El trabajo y envío regular de remesas familiares de esa población rechazada, contradictoriamente, mantienen a flote esas economías.

La crisis migratoria de menores no acompañados en 2014 provocó la reacción del gobierno estadounidense y buscó frenar esa catástrofe humana. El Salvador, Honduras y Guatemala acordaron los Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte para crear condiciones de desarrollo para 1. dinamizar el sector productivo, creando oportunidades económicas; 2. desarrollar oportunidades para nuestro capital humano; 3. mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia; y 4. fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado. A los US$700 millones asignados en 2014, EE. UU. sumó 500 millones provenientes de los ejercicios 2014 y 2015 aprobados en diciembre 2015, destinados a reforzar instituciones, mejorar la seguridad y frenar la migración irregular de ciudadanos.

Según Pronacom, en Guatemala se priorizaron 51 municipios con base en el porcentaje de pobreza, cantidad de migrantes, desnutrición y otros factores; creó alianzas público privadas para viabilizar el Plan en términos financieros y de ejecución junto a la Comunidad Internacional.

La propuesta del Plan parece buena. Sin embargo, la creación de alianzas público-privadas para su ejecución hizo aparecer el espejismo de sus beneficios para las áreas identificadas. Hubo visitas de empresarios a la administración EE. UU.; impulsaron el pago de salarios por debajo del salario mínimo en áreas de máxima pobreza y recientemente fue aprobada una ley de contrataciones laborales de media jornada de trabajo.

Se habló de fortalecer las ciudades intermedias, que son aquellas con una población de entre 100,000 y 2 millones de habitantes. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe son la segunda región más urbanizada del planeta. Entre 1980 y 2010 su tasa de urbanización pasó del 64 al 79%.

Según esa tendencia, en las próximas décadas un 87% de su población vivirá en ciudades, por lo que el crecimiento demográfico y económico previsto sobrepasará esas tasas, dando lugar a las ciudades emergentes. Es decir, aquellas ciudades intermedias cuyos valores culturales focalizados en los centros históricos deben ser resguardados. Su conservación y rehabilitación es considerada motor de desarrollo, enfocado en sostenibilidad ambiental y cambio climático, desarrollo urbano integral, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.

¿Conocen los empresarios chapines de qué se tratan las ciudades intermedias? ¿Estarán interesados en garantizar la conservación de su patrimonio cultural?

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