Esta tragedia, que desde hace un medio siglo se desenvuelve ante nuestros ojos, es una consecuencia directa de la disfuncionalidad del sistema político de Guatemala. El Lago de Amatitlán es otro bien público de uso común sobre el que “nadie responde”.

Es verdaderamente paradójico que durante ese medio siglo, aproximadamente, también se hayan desarrollado la legislación y las regulaciones medioambientales. Para 1965 muy poco había de todo eso. Apenas algunas disposiciones en los códigos Municipal, de Salud y de Sanidad. Había, empero, mayor consciencia en la ciudadanía, “de la gente”, de que “la basura no se tira en la calle”. De la Ciudad de Guatemala se decía que era una “Tacita de Plata” y, sin necesidad de idealizar el pasado, la “tragedia de los comunes” no alcanzaba dimensiones tan alarmantes como en nuestros días.

También es verdad que había mucho menos industrias, que la población era mucho menor, que no se habían dado las ocupaciones de terrenos públicos derivadas del conflicto armado interno. En fin, había mucho menos industrias, urbanizaciones y entes públicos (como las municipalidades), para quienes era “menos costoso” usar el Lago de Amatitlán como basurero gratuito.

Ahora bien, es muy probable que la mayor parte de los altos funcionarios que ejercieron algún tipo de función pública relacionada con este problema tan grave hayan tenido la mejor de las intenciones y un genuino interés por mejorar las cosas. ¿Qué es lo que ha fallado?

En mi opinión, el factor individual que más peso ha tenido en el desarrollo de esta lamentable tragedia es uno, a saber: la inoperancia del régimen de legalidad y de justicia de Guatemala. En efecto, en una jurisdicción cuyo régimen de legalidad y de justicia funcionara medianamente bien, en la que hubiesen ocurrido hechos como la descarga de desechos industriales en el río Villalobos o la descarga de aguas servidas en cualquier punto de la cuenca, ciertos funcionarios públicos (como los inspectores de sanidad, como los inspectores del MARN, como los inspectores municipales, etc.) hubiesen sido llevados a rendir cuentas ante un tribunal de justicia independiente, por sus omisiones en denunciar las infracciones y promover las sanciones correspondientes.

En otras palabras, el sistema hubiese servido para exigir cuentas a los depositarios de las funciones públicas de velar porque, por ser bienes públicos, no se convierta al río y al lago en basureros. Las ramificaciones de un sistema de legalidad y de justicia funcional son, pues, enormes. Guatemala está a punto de perder un lago que, si estuviera en un estado de derecho funcional, tendría a su alrededor las urbanizaciones más cotizadas, cuyos propietarios pagarían los impuestos territoriales más altos para sufragar, entre otras cosas, el sistema de legalidad y de justicia.