La vigilancia de la votación implica una autoridad honesta, mecanismos de control, cómputo exacto, comunicación para conocer cualquier perturbación y, obviamente, información a la ciudadanía. Estas garantías se han venido respetando en el país. La cantaleta: en estas condiciones no queremos elecciones fue derrotada hace cuatro años, en el 2015.
Las autoridades debieran propiciar la legalidad, transparencia e imparcialidad al momento de convocarse. No se trata evitar desórdenes con la policía, sino la inexistencia de manipulación y retorcimiento de la ley para obligar a un resultado artificioso fraguado por funcionarios administrativos y judiciales.

No son atendidos los reclamos de los medios de comunicación social y algunos partidos sobre las excesivas facultades administrativas en perjuicio de los derechos de libre expresión. Lo más sonado es la oposición a regulaciones nugatorias de la libertad de la palabra recurridas por cámaras de medios de comunicación social. Mientras tanto, se deja sin control por imposibilidad técnica, a las campañas por internet. Son centros emisores situados en el extranjero, imposibles de inspeccionar, mucho menos de sancionar. Al apartar al periodismo establecido de la propaganda, solo se recibirán evaluaciones negativas al final del proceso.

El lawfare o litigio malicioso, es obvio. Demandas guardadas para ejecutarlas en momentos políticos con intención de alterar la intención de voto, con claros intereses de favorecer candidaturas obvias. No importa el resultado final, la interferencia arruina el aprecio al sufragio.
La expectativa consiste en estar atento a las sorpresas guardadas para manipular la decisión ciudadana. ¿Cómo se atacará a determinado candidato o candidata? La simulación también tiene lugar para aparentar apego legal, se levantan demandas tontas fácilmente derrotables, por los candidatos o candidatas favoritos. Y, los no atacados, son manchados de favoritismo. Además los blancos del poder obscuro, son apartados con tretas leguleyas y alharaca rigorista sobre lo que se consintió en el pasado.

El capital financiero internacional desea un gobernante sumiso que hunda al país con préstamos destinados a la corrupción sistémica. La osadía de los agentes bancarios internacionales busca por la vía brusca, una decisión acondicionada a sus intereses. Se persigue imponer un títere que endeude al país, con poca legitimidad, para después exigir el cumplimiento de las obligaciones con medios coercitivos y la facilidad de sacarlo del poder si se rebela.

Los enemigos de la democracia representativa obtienen su botín. Se desprestigia el nombramiento legítimo por votos, se llama a retorcidos sistemas basados en el asambleísmo manipulador, los consejos de notables y hasta, una vuelta a las tiranías.
No es un fraude de ley, sino una artificiosa manera de conseguir la muerte súbita de la democracia en unas elecciones intervenidas por los partidarios de la guerra relámpago.