El antecedente en Guatemala más completo del que se tiene información de una pandemia feroz es la de la gripe española en 1918-1919, hecho ocurrido hace más de un siglo.

La pandemia de la gripe española dejó entre 75 mil y 150 mil fallecidos. No hay un dato claro; la información fue poco precisa. El covid-19 en 2020 dejó más de 4 mil 800 fallecidos.

Los contagiados en la pandemia de la gripe española no fueron identificados con claridad. Los contagiados del covid-19 con cifras oficiales son 138 mil 236 en 2020.

Todos los gobiernos del mundo a donde llegó el covid-19 no estaban preparados para enfrentarla, incluida Guatemala. Sin embargo, el Plan Económico del Gobierno Central y que fue respaldado por leyes del Congreso, fue muy bueno, estaba muy bien elaborado. Sin embargo, la ejecución fue tortuosa y lenta, y algunas veces confusa por el problema que plantea la ejecución presupuestaria en los distintos ministerios de Estado.

Como una pandemia requiere dinero contante y sonante para hacerle frente, el gobierno de Guatemala se financió a través del Banco de Guatemala. La Constitución Política de Guatemala prohíbe el financiamiento al Gobierno Central, excepto cuando se declare algún hecho catástrofe o desastre público. Esta cláusula surgió de un grupo de trabajo que formaron las autoridades del Banco de Guatemala a inicios de la década de 1990, con seis economistas y abogados ajenos a la banca central y a la banca comercial, incluyendo a mi persona, con motivo de la modernización de las leyes bancarias. Las autoridades del Banco, cuando se iba a realizar la Consulta Popular en el período del presidente Ramiro de León Carpio, le entregaron la propuesta al Comisionado Richard Aitkenhead, quien la llevó adelante, y se incorporó a la Carta Magna. Así se pudo financiar el combate al covid-19.

Uno de los efectos positivos, que surgió en forma paralela es que se aceleró la digitalización tanto de las personas como de las empresas, y sus relaciones con los bancos y comercios.

Los tres macro destinos principales de los Bonos del Tesoro que colocó el Ministerio de Finanzas en el Banco de Guatemala (Decreto del Congreso 13-2020 del 3 de abril de 2020), por Q11 mil millones (US$1 mil 428 millones) fue: el primero de ellos, el Fondo Bono Familia, que teóricamente se entregaría a razón de Q1,000 durante tres meses. Fue una bancarización masiva.

El segundo fue el Fondo de Protección del Empleo, que lamentablemente no se hizo a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Finalmente, lo administró el Crédito Hipotecario Nacional, otorgando Q75.00 por día.

Y el tercero fue el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, para que el propio CHN pueda otorgar créditos por Q250 mil por persona individual o jurídica.

Se conoce que hubo por las estadísticas del IGSS, más de 100 mil desempleados formales. Se desconoce lo que pasó en la economía informal.

Respecto al Ministerio de Salud, basta recordar lo que dijo el Dr. Edwin Asturias al entregar el cargo a fin de 2020, al frente de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid): “Hemos abandonado el sistema de salud por muchas décadas, lo dejamos a merced de la corrupción y eso lo hemos pagado caro en vidas y enfermedad. Si Guatemala quiere progreso, necesitará una reforma seria al sistema de salud”.