En Semiotic Definition of Lawfare (2011), Susan Tiefenbum describe esta actividad como el uso, mal uso y abuso del sistema legal y los medios para movilizar la opinión pública contra un oponente o enemigo. “Tanto la ley como la guerra connotan poder y es precisamente este poder compartido lo que constituye la base del uso de lawfare como un arma de la guerra asimétrica moderna”. El término cobró vigencia originalmente en el contexto del uso de la ley de una nación para volearla contra sus propios funcionarios, o el uso de la jurisdicción internacional para conseguir objetivos políticos locales. Brooke Goldstein considera que el lawfare es estrictamente negativo; el abuso de la ley y los sistemas judiciales para alcanzar fines estratégicos militares o políticos. Para el autor, el problema esencial es distinguir entre lo que constituye una constructiva y legítima batalla legal y lo que es una contraproducente perversión de la ley. ¿Cuál es la intención detrás de la acción legal; busca justicia o persigue fines políticos?

En Guatemala, variantes caseras de lawfare se han convertido en el arma predilecta en la guerra ideológica y en la política. Es paradójico que algunas de las principales figuras militares que lideraron la derrota militar de la guerrilla se encuentran hoy en la cárcel por procesos penales, hecho que no es casualidad. La guerra jurídica librada contra veteranos militares fue encabezada por personas identificadas con los grupos guerrilleros, apoyada por oenegés, invocando leyes internacionales y convenios. Aun cuando se considere que esto es “justicia”, el efecto y consecuencia es el uso del sistema jurídico para vencer al enemigo. En mi opinión, el deterioro de la labor de la Cicig se asomó cuando empezó a utilizar el sistema legal para neutralizar a supuestos enemigos, como el caso de la persecución del hermano y el hijo del presidente. No discuto que estas personas cometieron una falta, posiblemente un delito, pero cuestiono que su persecución fuera por tema de justicia y creo que el motivo era dominar y arrinconar al presidente.

La invocación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales usando el sistema de justicia para detener operaciones mineras o hidroeléctricas es otro ejemplo de lawfare tropical. Estas acciones tienen poco que ver con los pueblos indígenas o la protección del medio ambiente y más bien forman parte de un campo de batalla ideológico y político. No es un tema de justicia, es la continuación de la guerra por medios jurídicos. Las herramientas que ofrece la ley en materia de derechos humanos o protección de minorías son desvirtuadas e instrumentalizadas para agendas políticas.

El amparo es un arma efectiva en el lawfare, ya que se presta para cualquier escenario de batalla. En el actual proceso político se corre el peligro de que los resultados no se definan en las urnas, sino en las cortes y tribunales. La ley y el sistema de justicia son un recurso vital en una democracia republicana, pero su mal uso y abuso es potencialmente altamente destructivo.