Hay muchos índices comparativos internacionales que miden y verifican los arreglos institucionales que están correlacionados con las sociedades cuyos habitantes tienen alto nivel de vida. Se tiene una especie de recetario, como los factores enumerados arriba, pero el desarrollo y la prosperidad siguen siendo como una salsa secreta o sazón; no es cuestión de tener ingredientes parecidos, es vital su calidad y la manera como se combinan.

Puede decirse que las instituciones en Guatemala aspiran a tener los ingredientes correctos. La Constitución reconoce derechos fundamentales, declara que el poder del Gobierno se basa en el consentimiento de los ciudadanos, establece límites al poder, garantías ciudadanas, las formas de las principales organizaciones de gobierno y muchas de las normas básicas que requiere un contrato social, una república, que tendría por producto un estado de Derecho. Más allá de la Constitución, en el tiempo se ha erigido todo un andamiaje de reglas formales y organizaciones que, en teoría, producirían las condiciones propicias para la seguridad, orden y construcción de progreso. No es así.

El ordenamiento jurídico que da forma a las instituciones de justicia en Guatemala aspira a tener un sistema justo y eficaz de administración de justicia. La aspiración no se cumple; en la actualidad ni siquiera se han podido integrar por completo la Corte de Constitucionalidad ni la Corte Suprema de Justicia. La cabeza de la justicia en el país es una pelota pateada por agendas políticas, el conflicto de intereses y consecuente desorden arriba se derrama hacia abajo.

Ignoro cuántas leyes y reglamentos existen para prevenir la corrupción en el poder y el gasto público; son bastantes. Aun así, el arte del despojo se perfecciona cada día más y hay más recursos para expoliar. El ordeño del erario que hace pocas décadas se contaba en millones de quetzales evolucionó a cientos de millones, y hoy se cuenta en miles de millones. El Congreso, esa ideal y noble cámara llamada a descubrir la ley y establecer las reglas del juego para el bienestar general, es una cancha de transacción de intereses y fabricación de fortunas personales. En general, las altas posiciones en el poder público constituyen algunas de las más rápidas y seguras rutas a la fortuna. El crimen organizado, la extorsión y el narco florecen en el sistema y lo corrompen, en una relación simbiótica con el poder.

¿Está mejorando el sistema? ¿Se ve luz al final del túnel? ¿Se está cocinando la salsa secreta? Creo que no. La forma en la que están estructuradas las instituciones hace difícil pensar que puedan corregir y regenerarse de manera endógena. La piñata tendrá que llegar a su fin y el orden, establecerse. Es demasiado el daño y el costo, material y moral. No hay mal que dure cien años ni quien lo aguante. O quizás sí.