Un ciudadano, supuesto exmilitar, regó por las redes sociales la intención de boicotear las elecciones si no se cumple lo exigido en sus amenazas. Sin entrar a considerar la verdad o falsedad de sus criterios, haber amenazado y luego divulgado el video es una incitación al delito. De haberlo publicado en la prensa profesional, habría caído en los delitos señalados en la Ley de Emisión del Pensamiento. Si el Gobierno no lo apoyara de hecho, Gobernación lo habría apresado de inmediato, en vez de esconderse en el pretexto de no hacerlo porque el grupo amenazante “no tiene personería jurídica”. En este caso, la estulticia se mezcla con la ignorancia y con la imposibilidad de medir el daño causado tanto a la imagen del actual régimen como de los militares.

El doctor Eduardo Suger, rector de la Universidad Galileo, tuvo un nuevo patinazo, yo diría espectacular. Su brillante idea fue salir en defensa de Sandra Torres, con quien se ha reunido “varias veces”. “He de decirlo claramente… cuente conmigo en lo que le pueda asesorar y apoyar” (ad honorem, eso sí), por “la calidad de persona que es, sus conocimientos de gobierno y su amplio conocimiento de la Guatemala profunda, su preparación en administración pública”. Debe aclarar si esa opinión es oficial de la universidad o si es personal, y también preparar una explicación convincente a los estudiantes y a los catedráticos, quienes a mi juicio merecen una disculpa igualmente pública. Debo confesarlo: cuando vi y escuché ese video no podía creerlo.

El Tribunal Supremo Electoral tuvo dos resbalones. Uno, demorar hasta el 28 de mayo la fecha para conocer las impugnaciones de 150 aspirantes, con lo cual las elecciones serán realizadas a escasos 19 días después. El segundo fue la filtración de la manera como será la papeleta electoral, donde los dos primeros lugares son ocupados por Alejandro Giammattei y Sandra Torres, por razones cuya explicación es obligada. Aquí, la equivocación se mezcla con una increíble lentitud, cuyo efecto principal puede ser el ya mencionado aumento del ausentismo de los votantes jóvenes, factor evidentemente beneficioso para la candidata de la UNE, cuya base de votos se encuentra en las áreas rurales. Todo parece indicar el fin de la confianza popular en esa entidad.

Cabe también el ominoso silencio de las defensoras de los derechos de la mujer al respecto de la burda burla a la Ley contra el Femicidio, puesta como pretexto para afectar la Ley de Emisión del Pensamiento para acallar las críticas a una mujer participante en política. Estas no se deben a ser mujer, sino a dedicarse a la política. La burla convertirá a las mujeres involucradas en hechos delictivos en personas impunes porque todo juicio legal será calificado de ataque a su condición como tal. Peor aún: haberla aceptado una Corte con mayoría de mujeres también tendrá efectos negativos contra la mujer. La estulticia se encuentra en el hecho y sus consecuencias, y se parece a la ley preparada y luego abolida por el Pacto de Corruptos porque liberaba a mareros y otros criminales.