Un caso terrible fue el que ocurrió con el médico Óscar Guillermo Hernández, quien murió el 11 de julio, más que por la covid-19, por la actitud mezquina de las autoridades del hospital del Parque de la Industria. Médicos que atendieron a Hernández denunciaron que la subdirectora de ese centro asistencial le negó medicamentos, como el Tocilizumab, aunque había existencias. Los familiares y amigos tuvieron que comprar la medicina, a pesar de que Hernández había ofrendado su vida asistiendo a personas infectadas por coronavirus. A Hernández lo habían despedido por denunciar las malas condiciones en que labora el personal médico y paramédico, y tampoco le pagaron su sueldo. El presidente Giammattei nunca se ha manifestado abiertamente sobre la situación terrible que hay en los hospitales, quizá porque pondría al descubierto su incapacidad de ofrecer mejores condiciones de salud, pese a que él es un médico.

En su informe de “logros”, el presidente Giammattei, por supuesto, no mencionó que de los Q1 mil 694 millones de presupuesto destinados para atender la emergencia de la covid-19, apenas se ha ejecutado el ocho por ciento. Ese desastre comenzó con el anterior ministro de Salud, y la nueva ministra tampoco da resultados tangibles. Y no es solo cuestión de mover el dinero, sino de utilizar los recursos disponibles. Por ejemplo, el diputado Aldo Dávila informó que hizo una visita al Centro Médico Militar, donde le informaron que al exviceministro German Schell le dieron las llaves del área donde están disponibles 300 camas para atender a pacientes con covid-19. O sea, desde la administración de Monroy no se utiliza ese recurso, mientras en los hospitales públicos los pacientes están tirados en el suelo por falta de espacio. La nueva ministra y su equipo tampoco han solucionado este problema y pareciera no importarles el hacinamiento y malas condiciones en los hospitales.

La baja ejecución presupuestaria afecta a todo el sistema de salud, principalmente 15 hospitales y tres áreas de salud. Uno de esos casos es el Hospital Roosevelt, cuya ejecución presupuestaria es cero. Hasta el 3 de julio pasado, a mil 811 personas que atienden en la emergencia por la covid-19 no se les han pagado sus sueldos, sin contar el personal de los hospitales temporales. Entonces la crisis no es solo por el riesgo de que los médicos y enfermeras se puedan contagiar debido a la precariedad del equipo de seguridad, sino que sus familias sufren las carencias por falta de ingresos económicos en el hogar. En cambio, la ministra Flores está muy ocupada con la próxima distribución de un paquete de medicamentos, que incluye la Ivermectina, sobre la cual la OPS ha alertado de que no debe utilizarse, por posibles riesgos a la salud. Como se ve, la salud no es prioridad para este gobierno.