La revolución tecnológica a la que asistimos está asociada a la disponibilidad de equipamientos, herramientas y sistemas aplicados a los procesos de producción, transformación y comercialización. Todos esos factores impactan todas las actividades económicas, y la agricultura no es ajena a esos procesos.

Los beneficios potenciales que ofrece la digitalización de la agricultura son cuantiosos, pero su expansión en América Latina y el Caribe marcha a ritmo apenas incipiente, debido a seis barreras:

1. Problemas de infraestructura reflejados en una brecha de 34 puntos porcentuales de diferencia entre la conectividad urbana y rural. Sumando 24 países de la región, unos 80 millones de habitantes de la ruralidad carecen de acceso a conectividad de calidad.

2. Restricciones de acceso y asequibilidad de las tecnologías, servicios y dispositivos, en comparación con los países desarrollados, entre los países de la región y al interior de estos entre el ámbito urbano y rural.

3. Déficits en la promoción y regulación del sector que redundan en escasez de planes de estímulo a la digitalización.

4. Limitaciones en el desarrollo de habilidades digitales en la población rural por los obstáculos en el nivel educativo (en la región solo el 17.1% de la población rural cuenta con aptitudes digitales específicas).

5. Distancia entre las tecnologías y su ajuste a los contextos de aplicación (diferencias culturales, lingüísticas, de habilidades que limitan su adopción).

6. Mujeres y jóvenes rurales rezagados en mayor medida de los beneficios de las tecnologías.

Los obstáculos muestran que facilitar el acceso a las tecnologías es una condición necesaria y básica para una transformación de envergadura de los sistemas agroalimentarios y la ruralidad. Pero universalizar el acceso no es suficiente. Se requiere también impulsar la formación en habilidades digitales para desarrollar capacidades que permitan a sus usuarios un salto cualitativo.

Por eso, reducir las brechas digitales de acceso y en el uso y apropiación de las tecnologías en los ámbitos rurales debe ser prioridad para el diseño de políticas.

Un uso intensivo y dúctil de las tecnologías tiene una enorme potencialidad para tornar más eficientes, inclusivos y sostenibles los procesos productivos y los servicios públicos y privados, abona una mejora de la productividad y la calidad de los productos y servicios, promueve oportunidades de empleo y la formación en el medio rural, y amplía las posibilidades de conocimiento, todos factores clave para alcanzar un desarrollo sostenible y robustecer los sistemas agroalimentarios.

Nos enfrentamos a una urgente y gran tarea que requiere una amplia coalición entre Estados, la cooperación internacional, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

Nos unen objetivos imprescindibles para la construcción de un capital social inestimable: conectar a la ruralidad y preparar a su población para un uso intensivo e inteligente de las tecnologías, construyendo puentes sustentables entre los sectores rurales y urbanos.