En noviembre de 2001 un joven guatemalteco fue detenido por autoridades en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, con un kilo de heroína. Confesó ante el juez y fue condenado a 46 meses de prisión. En 2012 fue nombrado Asistente Parlamentario en el Congreso de la República de Guatemala; en las elecciones generales de 2015 fue electo como diputado por el departamento de Sacatepéquez y reelecto en las elecciones de 2019. En 2018 alcanzó la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional y en 2022 fue elogiado y condecorado por el Ministerio de Defensa con la Orden Monja Blanca. El diputado se encontraba disfrutando las mieles del poder y preparando su reelección en las próximas elecciones de junio 2023, cuando surgió una piedra en su camino. En diciembre 2022, el MP presentó solicitud de retiro de inmunidad del diputado, debido a una petición del gobierno de EE. UU. por una acusación de narcotráfico en el Distrito Este del estado de Texas. El pasado 10 de enero, la CSJ, por unanimidad, admitió para su trámite la solicitud de antejuicio; el 16 de febrero la Corte de Constitucionalidad denegó amparo provisional solicitado por el diputado, para suspender la decisión de la CSJ.

Un exdiputado petenero y dos veces candidato a la presidencia, en las elecciones generales de 2011 y 2015, fue capturado por el FBI en Florida, en enero de 2018. En noviembre del 2019 se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a 50 meses de cárcel en Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida documentó que el excandidato “aceptó contribuciones de campaña sabiendo que fueron entregadas por traficantes y que eran ganancias del narcotráfico”. Al salir de prisión en EE. UU., “fue extraditado a Guatemala en 2022 para responder a otros casos de corrupción y detenido a su llegada. Puesto en libertad en enero de 2023 tras pagar una fianza, reanudó su carrera política, presentándose como candidato al Congreso en 2023”. En primera instancia el Registro de Ciudadanos rechazó su candidatura, pero poco después, en un vergonzoso acto, el pleno del Tribunal Supremo Electoral le dio el pase, haciéndose para atrás 72 horas más tarde ante el rechazo de la opinión pública y la prensa.

En mayo de 2013, un expresidente de Guatemala fue extraditado a EE. UU. por lavado de dinero —depositó en sus cuentas personales donaciones millonarias hechas por el gobierno de Taiwán—. En marzo 2014 reconoció su culpabilidad y fue condenado a prisión; tras cumplir su condena regresó a Guatemala en 2015 y ese mismo año intentó inscribirse como candidato a diputado, sin lograrlo. Lo intentó nuevamente en 2019 y pretende lo mismo en 2023. Seguro se convence a sí mismo de que él es el indicado y el deber llama; lo trágico es que consigue persuadir a unos interesados y otros ingenuos.

Un capítulo de Camino a la servidumbre (1944) de F. Hayek se titula Por qué los peores se ponen arriba, que escribe en el contexto de los totalitarismos de Mussolini, Hitler y Stalin. Desafortunadamente, el fenómeno de los peores arriba también se produce en sistemas que aspiran a ser democráticos y republicanos. En el caso de Guatemala, las contadas excepciones de personas honorables y probas que participan en la política pronto caen en cuenta que se enfrentan a oscuras e ineptas maquinarias extractivas.

Más allá de la aprobación o denegación de candidaturas puntuales por aspectos de honorabilidad e idoneidad, cabe preguntarse por qué los peores se ponen arriba; qué factores institucionales y culturales permiten que malos actores no solo sobrevivan, sino además prosperen en el sistema político.