Independientemente, de si eso sea así, es decir, que esos políticos ni son capaces para formular el tipo de reforma que Guatemala necesita a gritos, ni lo harían con buena intención, me parece que basta con que así se vea. Pero eso plantea una cuestión muy sencilla a saber: ¿qué hacer de cara al futuro?

Sigo creyendo que no hay mas solución que sean las élites —intelectuales, económicas, profesionales, etc.—, las que organicen algún tipo de foro, de marco, dentro del cual acudan los líderes representativos de diversos sectores de la vida nacional, que cuenten, ellos sí, con las competencias y las intenciones para articular las reformas que hace falta.

Pero, por supuesto, hay un pero. El pero es que son unos los que articularían las reformas, y otros los que tuvieran la potestad de decir que sí o que no. Y, entonces, se impone la pregunta: ¿para qué intentarlo?
Pienso que si la idea misma de democracia republicana tiene algún valor, que la respuesta a esa última cuestión, debe ser algo así: los ciudadanos son los titulares, es decir, los últimos responsables, los últimos beneficiarios o víctimas de sus instituciones. Por tanto, si la propuesta de las élites resultara a los ciudadanos acertada, creíble y bien intencionada, los ciudadanos tienen el derecho de exigir, no de pedir, de exigir que se adopte.

Por supuesto, es un derecho, no una obligación. Y he aquí el segundo pero, es decir: cómo determinar, con credibilidad, que la ciudadanía respalda la propuesta de las élites, de modo tal que los políticos entiendan que, so pena de perder sus votos, deben aprobarla.

Sin ser experto, ni mucho menos, creo que existen hoy los medios para recabar, con suficiente fidelidad, el parecer de los ciudadanos. En la actualidad, por medio de internet existen los medios para auscultar las opiniones de, literalmente, millones de personas en cuestión de días. De ese modo, cualquier propuesta que dentro de un marco ordenado y transparente plantearan los expertos convocados a concebir el camino hacia la reforma institucional.

Como salta a la vista, y se ha comentado hasta la saciedad, el modelo de partido político que ha fluido de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es disfuncional y se ha tornado en una suerte de redes de relaciones dirigidas, casi invariablemente, al control de cuotas de poder que se negocian con grupos de interés de toda laya. El poder judicial, que debiera ser el gran corrector de los abusos, de las usurpaciones, de las malversaciones, de los peculados, de los cohechos, etcétera, tampoco cuenta con los elementos estructurales ni con las garantías institucionales para dar los frutos que hace falta.

Pero, en definitiva, se puede recabar el respaldo ciudadano y, con base en él, exigir a los políticos que actúen en consecuencia o que se aparten y dejen de bloquear el rescate de la vida pública.