Imaginar el miedo y la tristeza que se ha instalado en esos jóvenes cuerpos ahora encerrados y separados de sus padres por mucho tiempo, pero permanentemente abandonados y negados, tanto en sus países de origen como en el de destino, produce escalofríos y nos remite a la peor de las vergüenzas humanas: el maltrato de los Estados y las sociedades hacia la niñez y adolescencia. Imagino lo que puede sentir una niña o un niño separado a la fuerza de sus padres. Pienso en sus noches, en sus pesadillas, sus silencios, sus encierros y hacinamientos, cuando supuestamente migran para liberarse de las violencias y limitaciones que viven en sus propios países. Y pienso en los padres que prefieren que vivan esto a que regresen a las violencias e inseguridades en sus países de origen.

En una noticia reciente, https://www.nbcnews.com/politics/immigration/lawyers-say-they-can-t-find-parents-545-migrant-children-n1244066, varios abogados que fueron citados por un juez federal para tratar de identificar a las familias que han sido separadas durante la administración Trump dijeron que aún tienen que buscar a los padres de al menos 545 niños y niñas porque creen que dos tercios del total de ellos fueron deportados a Centroamérica sin sus hijos. Según la misma noticia, a los menores de 12 años les cuesta mucho más dar datos que permitan la identificación de sus familiares. Esto deja a los más vulnerables aún más solos.

El gobierno de Trump instituyó la política de “cero tolerancia” en el 2018, que promovía la separación de niños y niñas migrantes de sus padres en la frontera sur de EE. UU. Una política que, a todas luces, se ha traducido en un mecanismo de tortura para cientos de familias, especialmente para las y los más pequeños y vulnerables de esas unidades familiares migrantes. La misma administración Trump confirmaría luego que había comenzado con la separación de las familias desde el 2017, bajo un programa piloto diseñado para tal fin. Más de mil padres separados de sus hijos durante la ejecución de aquel programa piloto fueron deportados a Centroamérica antes de que un juez federal ordenara que distintas organizaciones y firmas de abogados buscaran a los miembros de las familias separadas. Es de este grupo que aún buscan a las familias de más de 545 niños y niñas. No sucedió así con las 2,800 familias separadas bajo el programa de cero tolerancia en el 2018, muchas de las cuales permanecieron en custodia.

Según la organización American Civil Liberties, es importante determinar quién ha sido el responsable de esta horrible práctica, sin descuidar la búsqueda de las familias que aún hoy permanecen separadas. ¿Hasta cuándo las encontrarán? se preguntan muchos. Nadie lo sabe. ¿Cómo es que hoy en día la tecnología permite encontrar a cualquiera en los callejones más oscuros del mundo, pero no permite encontrar a las familias de estas niñas y niños que siguen en estaciones migratorias o con familias sustitutas?

El programa “cero tolerancia” instituido por Trump con el permiso de los gobiernos bananeros sigue despertando muchas críticas, dentro y fuera de EE. UU. La mayoría de familias eran centroamericanas y huían de la pobreza y la violencia. No eran criminales, como no lo fueron los millones de migrantes europeos que llegaron en siglos pasados a este continente, con una mano adelante y otra atrás. Habrá que decidir si conviene levantar un caso por tortura en un tribunal internacional, que al menos restituya el derecho a la justicia que tiene todo ser humano.