La Ley de Relación de Deudores y Acreedores establece que los préstamos no podrán otorgarse por términos mayores que los fijados en otra ley determinada, y si algún contrato de esa naturaleza fuere celebrado por un término mayor, provocará para el acreedor la pérdida de sus privilegios legales en cuanto a la prenda agraria, pecuaria o industrial, y para el deudor su tipo de interés máximo como préstamo refaccionario. Se establece que se castigará como delito de estafa, conforme al Código Penal, la variación de destino de un préstamo refaccionario, tanto como la ocultación de todo o de parte de los productos pignorados.

En cuanto a los tipos máximos del interés que califican de legítimo, la Ley de Relación entre Deudores y Acreedores daba la misma pauta que el decreto No. 1735 del 27 de septiembre de 1935, con la diferencia de que, al tratar el tipo del 4% sobre el valor nominal de cédulas o bonos hipotecarios, atribuye estos expresamente a sociedades lucrativas por acciones, cuyas utilidades netas tributan un impuesto en favor de la Beneficencia Pública. La ley trató de desvanecer toda incertidumbre. La mora en el pago de cantidades que debían recaudarse en favor de la Hacienda Pública se establecía en un interés de 6% anual, salvo que por ley o por contrato que así lo determine se hubiere de pagar un interés menor. Como una novedad, la ley introdujo por primera vez una regulación de intereses respecto de los montepíos o casas de préstamos populares y las sociedades de socorros mutuos.

También la Ley de Relación entre Deudores y Acreedores abolió lo siguiente: las comisiones o sobrecargos de toda naturaleza, por apertura, prórroga o mantenimiento de créditos; aceptación o pago de giros o libranzas; saldos insolutos resultantes de liquidación o cuenta de venta de productos pignorados; los intereses penales previstos para ciertos casos de morosidad por parte de los prestatarios.

En esa época se cobraban multas y lo que se llamaban falsas comisiones en los contratos de compraventa o promesa de venta, por la costumbre de estipular por incumplimiento en la entrega de frutos o ganados.

Bicentenario de la Independencia

El 30 de abril de 1859 se firmó el Tratado Aycinena-Wike, por medio del cual el gobierno de Rafael Carrera reconoció el establecimiento británico en el Golfo de Honduras, así como los límites que existían en Belice, el 1 de enero de 1850. Por su parte, el gobierno de la Gran Bretaña se comprometió a construir una carretera desde la capital de Guatemala hasta el Caribe. Guatemala ratificó al día siguiente el tratado. Empero, los británicos no cumplieron con la cláusula a que se refería la construcción de la carretera, por lo cual el Estado de Guatemala denunció el tratado, por considerarlo nulo en pleno derecho. El pasado 8 de diciembre de 2020, el gobierno de Guatemala presentó en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, su posición al respecto, para que este tribunal resuelva en definitiva y pacíficamente.

La política económica de 50 presidentes de Guatemala (1821-2021), libro de mi autoría, ilustra lo que hicieron los mandatarios en 200 años. Les deseo muy felices pascuas de Navidad.