Esta supuesta simplificación de la carga académica acarreaba una pauperización aún mayor de una formación de por sí escasa. A la vez, la ventaja laboral de las instituciones privadas convenientemente derivaba en despedir a los profesores de música. Sobre eso, no se puede obviar que el Mineduc lleva una década sin abrir una convocatoria formal a nuevos maestros de arte, de manera que aun cuando hay muchos candidatos, apenas se cubre una tercera parte de las plazas en las escuelas nacionales. En suma, y tal como lo identifica una esforzada pedagoga, se le propinaba el último y mortal golpe al episteme de la enseñanza musical: estrangular el conocimiento exacto de la instrucción en música, mutilar la vocación docente y negar la prerrogativa de los escolares.

Ante tal panorama, vale la pena agradecer que en el último día del año recién finalizado apareciera publicado el acuerdo ministerial 3764-2018, cuyo artículo 10 dice que, “Para la implementación del área de Educación Artística se deberá trabajar con docentes especialistas. Los docentes trabajarán su especialidad de formación. El Sistema de Registros Educativos deberá reflejar los lenguajes artísticos desarrollados a lo largo del ciclo escolar.” La formulación del artículo es demasiado escueta y poco clara como para establecer un decidido compromiso por parte del Ejecutivo, aparte de que no constituye una innovación, sino la recuperación de un derecho. Pero esa aparente marcha atrás, aunque no implique el reconocimiento de un error, es importante. Ahora viene la tarea de explicar, hasta para el último director de escuela en la aldea más alejada, en qué consiste la implementación del acuerdo. En el diálogo que ha sostenido el Foro Latinoamericano de Educación Musical con el Mineduc se solicita una notificación oficial dirigida a la Dirección General de Currículo, de donde habrán de emanar los lineamientos a las direcciones departamentales, para llegar hasta los supervisores y, finalmente, a los centros educativos. Se trata de precisar a partir de cuándo entra en efecto la asignación de los dos períodos específicos que le corresponden a la enseñanza de la música en básicos. Además, no puede dejarse de lado que mientras se siga justificando la existencia de entidades privadas que ofrezcan educación primaria y secundaria, y según el artículo 73 de la Constitución, las mismas funcionarán bajo la inspección del Estado y están obligadas a llenar, por lo menos, los planes y programas oficiales de estudio, pues gozan de la exención de toda clase de impuestos y arbitrios.

Una felicitación y un encomio a los maestros que velan por la vigencia de la educación en música, en particular a los incansables integrantes de la sección guatemalteca del FLADEM.

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